Junta de Agua Potable de Ahome rentó 42 autos a más del doble de precio en 2022
La Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Ahome pagó 53.8 millones de pesos por la renta de 42 vehículos en 2022, pero estos mismos autos pudieron comprarse inicialmente por 23.5 millones, por lo que se pagó más del doble de su precio original.
En el reporte anual de cuenta pública 2024 de la Japama, la Auditoría Superior del Estado incluyó una revisión forense del contrato JAP-RM-GIC-CTР-22-03, en el que la dependencia pactó con la empresa K-Partners, S.A.P.I. de C.V. la renta de 25 camionetas pick up Toyota Hilux; cinco pick up Ford F-250; cinco Chevrolet Aveo, cuatro Chasis Cabina VW Delivery; dos camionetas pick up Mitsubishi y un Chasis Cabina VW Robust.
Por la renta de 34 meses de estos vehículos, la Japama pagó un total de 53 millones 885 mil 344 pesos, que fue de un millón 467 mil 216 pesos mensuales. Al final del contrato, se dio una cantidad adicional de un millón 229 mil 151.1 pesos para adquirirlos.
El contrato se firmó en enero de 2022, durante el periodo de Raúl Pérez Miranda como gerente de la Japama, nombrado por el ex Alcalde Gerardo Vargas Landeros.
El plazo del acuerdo abarcó hasta el pasado 31 de octubre de 2024, cuando concluyó el primer periodo de Vargas Landeros como Presidente Municipal.
La ASE encontró que los 42 vehículos no le pertenecían a K-Partners, pues en el contrato la Junta de Agua le dio el derecho de subcontratar a otra empresa para obtener los autos. Finalmente, K-Partners le rentó los 42 vehículos a Casanova Vallejo, S.A. de C.V.
En este entramado, la Auditoría detectó que Casanova Vallejo era propietario de los 42 autos, mismos que compró en seis agencias diferentes por un total de 23 millones 578 mil 484.78 pesos, entre noviembre de 2021 y enero de 2022.
De ahí, la ASE calificó como “inverosímil” que K-Partners haya entregado los vehículos el 17 de enero de 2022 como si fueran suyos, cuando en realidad le pertenecían a otra empresa.
A partir de esto, el informe de cuenta pública determinó que la Junta de Agua Potable de Ahome pudo ahorrarse 31 millones 536 mil 10.38 pesos si hubiera comprado los vehículos directamente, y no mediante el proceso de arrendamiento que supuso ganancias para K-Partners y Casanova Vallejo.
“El pago por este servicio causó un daño evidente al patrimonio de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome”, sentencia el informe.
Además de esta irregularidad, la auditoría apuntó que el contrato que firmó la paramunicipal con K-Partners se alcanzó por invitación a cuanto menos tres proveedores, debiéndose hacer mediante licitación pública al ser de un monto de 53.8 millones de pesos.
En ese sentido, la dependencia justificó esta omisión con el argumento de que el parque vehicular con el que que contaba “son deplorables, ya que a pesar de darles mantenimiento preventivo y correctivo siguen presentando una serie de fallas, todas ellas a raíz que son vehículos con bastante demanda, los cuales trabajan al servicio del organismo operador”.
Con ello, el entonces subgerente de Comercialización y Subgerente Técnico de la Japama pidió reforzar la dependencia con al menos 42 vehículos, ya que “el no contar con el servicio, peligra y altera el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad de los ciudadanos del municipio de Ahome”.
En Ahome, también bajo la administración municipal de Gerardo Vargas Landeros, se autorizó la contratación de 126 automóviles habilitados como patrullas por 171 millones de pesos a través de una adjudicación directa, saltándose la licitación pública.
Por aquellos hechos, el Alcalde fue desaforado y posteriormente vinculado a proceso penal junto a ocho ex colaboradores por delitos de desempeño irregular de la función pública y ejercicio indebido del servicio público.
Aquel contrato fue en favor de Grinleasing S.A.P.I de C.V., y al igual que en la Japama, esta empresa cedió los derechos del acuerdo a Casanova Vallejo, quien era propietaria de las patrullas.
También Casanova Vallejo, empresa con sede en la Ciudad de México, estuvo ligada a un presunto arrendamiento irregular de 40 camiones de basura por 117 millones de pesos por el Ayuntamiento de Culiacán en el periodo del ex Alcalde Jesús Estrada Ferreiro, quien fue desaforado por acusaciones de corrupción ligadas a este acuerdo.
