UIF sabía desde 2024 que Vector manejó dinero de sobornos a García Luna: Mexicanos contra la Corrupción
La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés), del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, documentó transacciones de Vector Casa de Bolsa por 40 millones de dólares vinculados a supuestos sobornos del Cártel de Sinaloa al ex Secretario de Seguridad Pública federal Genaro García Luna.
Entre la documentación exhibida por el Departamento del Tesoro el 25 de junio de 2025, se identificaron transacciones hacia Vector Casa de Bolsa de recursos provenientes de sobornos pagados por el Cártel de Sinaloa, al que fuera el “máximo responsable de la seguridad pública” en México.
Según la FinCEN, entre 2013 y 2019, una empresa controlada por García Luna realizó transacciones con Vector, por un monto superior a los 40 millones de dólares.
Por ello, el Departamento del Tesoro consideró que estas transacciones involucraron recursos provenientes de sobornos al ex funcionario federal mexicano y, junto con las transacciones realizadas por una “mula”, probablemente facilitaron el tráfico ilícito de opioides, por parte del Cártel de Sinaloa.
Sin embargo, según una investigación realizada por la organización no gubernamental Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, las transacciones financieras vinculadas a García Luna, a través de Vector Casa de Bolsa, fueron indagadas por la Unidad de Inteligencia Financiera del Gobierno de México desde 2024.
Según lo detalló MCCI, Nunvav Inc, empresa de Samuel Weinberg López y su hijo Alexis Weinberg Pinto, a quienes la administración encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo consideraron como los prestanombres de García Luna, transfirió 47 millones de dólares a Vector, mismas que fueron investigadas por la UIF, en 2024.
Ello como parte de la demanda civil que el Gobierno mexicano presentó en 2021, ante un Tribunal del Undécimo Circuito Judicial del Condado de Miami-Dade, Florida, en contra de los Weinberg y de García Luna, con el objetivo de recuperar unos 600 millones de dólares que supuestamente fueron desviados del erario, a través de Nunvav Inc y Nunvav Technologies Inc.
Los requerimientos de la UIF respecto a la información bancaria de Vector comenzaron el 12 de junio del 2024, cuando, a solicitud del despacho de abogados que representaba a la Unidad de Inteligencia Financiera, la jueza del caso, Lisa Walsh, envió una carta rogatoria a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para solicitar información sobre las operaciones realizadas por la cuenta 36885306 de la casa de bolsa.
Además, el 9 de agosto de 2024, la UIF presentó una moción para que los Weinberg entregaran documentación que permitiera identificar el propósito de 35 transferencias que realizaron a Vector, entre septiembre del 2015 y septiembre del 2016, por un total de 47 millones de dólares.
La UIF también solicitó a los supuestos prestanombres de García Luna copias de estados de cuenta o comunicaciones que hubieran tenido con Vector, respecto a estas operaciones.
Las transferencias a dicha casa de bolsa se realizaron desde la cuenta que Nunvav Inc tenía aperturada en el Occidental Bank, de Barbados.
Esta cuenta, según la UIF, concentraba una parte de los fondos malversados que provenían de 30 contratos que fueron otorgados irregularmente a Nunvav Inc y Nunvav Technologies Inc, por el entonces Centro de Investigación y Seguridad Nacional y el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OAD- PRS), durante los gobiernos de Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.
En su respuesta, los Weinberg comunicaron a la UIF que no poseían ningún tipo de documentación respecto a las transacciones con Vector y señalaron que la solicitud debía ser canalizada a Nunvav, que era una parte acusada con representación independiente en la demanda.
Sin embargo, según MCCI, en los expedientes de la demanda civil no había registros de que Nunvav hubiera justificado las 35 transferencias que hizo a Vector, entre el 2015 y el 2016. Tampoco de qué ruta siguió el dinero una vez que fue recibido en la cuenta de la casa de bolsa, en Citibank.
A pesar de ello, el 26 de junio de 2025, durante su conferencia de prensa matutina, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que el Gobierno de México no podría reconocer el delito de lavado de dinero, de parte de CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, porque el Departamento del Tesoro no había presentado pruebas contundentes.
”Hacienda insiste al Departamento del Tesoro que envíe información, pruebas contundentes de lavado de dinero; si ustedes leen la documentación que se publica ayer, pues no hay ninguna prueba, son dichos, pero no hay pruebas de dónde está el lavado de dinero, entonces cuál es nuestra posición: ‘Si hay pruebas se actúa, no hay impunidad, no importa quién sea, pero si no hay pruebas, pues no se puede actuar, como en cualquier delito”, afirmó.
”Tiene que haber pruebas para saber si hubo lavado de dinero o no. Entonces ni lo negamos ni lo aceptamos, sencillamente, no hay pruebas. Si hay pruebas de la propia investigación de la UIF o la Comisión Nacional Bancaria y de Valores [CNBV] de que hay lavado de dinero, se actúa administrativamente e incluso penalmente”, destacó.
La jueza Lisa Walsh, del Tribunal del Undécimo Circuito Judicial del Condado de Miami-Dade, Florida, desestimó, el 9 de junio de 2025, todas las reclamaciones restantes contra la familia Weinberg, debido a que la UIF no lo hizo de manera voluntaria, por lo que cerró el caso, pero indicó que sólo mantendría jurisdicción para verificar que se cumpliera un supuesto acuerdo alcanzado entre las partes.
El 23 de mayo de 2025, abogados de la UIF y de los Weinberg pidieron al Tribunal del Undécimo Circuito Judicial del Condado de Miami-Dade, Florida, cerrar el caso sin perjuicio de que se pudiera reanudar posteriormente.
Sin embargo, la Unidad de Inteligencia Financiera afirmó, el día 27 de mayo, que el acuerdo aún no estaba cerrado.
La UIF informó el 27 de mayo a la jueza Walsh, que había llegado a un “acuerdo confidencial” con la familia Weinberg, por lo que pidieron desechar la demanda por su supuesta participación en un esquema de contratación ilegal gubernamental en México.
”Las partes llegaron a un acuerdo el 28 de febrero de 2025. Este acuerdo requiere que las partes lleven a cabo ciertos procedimientos legales en México”, explicaron la UIF y la familia Weinberg, en un escrito conjunto presentado ante la jueza Walsh, quien, de aceptar la solicitud, sólo vigilaría el cumplimiento del “acuerdo confidencial”.
El escrito de la UIF y la familia Weinberg agregó que las audiencias ante un juez mexicano, necesarias para implementar el acuerdo, estaban agendadas para el 26 y 27 de mayo de 2025, en las cuales los Weinberg acordarían convertirse en testigos colaboradores de la Fiscalía General de la República, como parte de un criterio de oportunidad que les permitiría librar los cargos penales que enfrentaban, a cambio de pagar una reparación del daño.
Sin embargo, el 26 de mayo de 2025, que el juez federal Gregorio Salazar Hernández aplazó las comparecencias de Mauricio Samuel Weinberg López y su hijo Alexis Weinberg Pinto, así como de su socio Natan Wancier Taub.
La comparecencia de los empresarios se realizaría por videoconferencia desde el extranjero. Uno de ellos, Weinberg Pinto, lo haría desde Madrid, España, donde enfrentaba en libertad provisional su juicio de extradición a México.
Los tres empresarios tenían una orden de aprehensión por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, por el caso del presunto desvío de 5 mil 112 millones de pesos del sistema penitenciario federal, a través de 10 contratos ilícitos a empresas relacionadas con García Luna.
Los Weinberg eran proveedores de equipos de seguridad que, durante los sexenios de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, recibieron contratos millonarios a través de empresas como ICIT Holding y Nunvav Inc.
