Comisión para reforma electoral de Sheinbaum, integrada por 7 de sus funcionarios
A través de un decreto publicado en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación este 4 de agosto, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reveló quiénes serían los siete integrantes de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, con derecho a voz y voto.
Uno de los miembros es Pablo Gómez Álvarez, designado directamente por la titular del Poder Ejecutivo Federal, quien asumiría la Presidencia Ejecutiva de la citada comisión.
También la integran Rosa Icela Rodríguez Velázquez, Secretaria de Gobernación; José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones; Ernestina Godoy Ramos, titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal; y Lázaro Cárdenas Batel, titular de la Oficina de la Presidencia de la República.
Así como Jesús Ramírez Cuevas, titular de la Coordinación de Asesores del Presidente, de la Oficina de la Presidencia de la República; y Arturo Fernando Zaldívar Lelo de Larrea, titular de la Coordinación General de Política y Gobierno, de la Oficina de la Presidencia de la República.
“Las personas titulares de las áreas del Poder Ejecutivo mencionadas podrán designar a una persona servidora pública como suplente permanente para cubrir sus ausencias, quien deberá tener nivel mínimo de director general u homólogo. La suplencia de la persona titular del Ejecutivo Federal recaerá en la Presidencia Ejecutiva de la Comisión”, indicó el decreto.
“La Comisión podrá invitar a representantes de dependencias, entidades, instituciones públicas o privadas de los tres órdenes de gobierno, organismos autónomos, academia y sociedad civil quienes podrán participar con derecho a voz, pero sin voto”.
El decreto de Sheinbaum Pardo instruyó que la comisión, de carácter transitorio, “tendrá que emplazar al país a intervenir con críticas, opiniones y análisis, mediante los métodos del debate público”.
Además, su objetivo sería:
I. Convocar al pueblo a expresarse sobre la reforma electoral conveniente para México y realizar estudios sobre este mismo tema.
II. Llevar a cabo los análisis necesarios y elaborar propuestas sobre la reforma electoral.
III. Constituir los grupos de trabajo que considere necesarios para el cumplimiento de sus funciones.
IV. Elaborar y expedir su reglamento interno.
“Que entre tanto, las normas que rigen las consultas populares, los sistemas de representación de la ciudadanía en los órganos colegiados, los métodos de votación y de procesamiento de los resultados, el régimen de partidos políticos y la institución y organización de las autoridades electorales permanecen igual en la Constitución y en las leyes. La conservación inercial de estos elementos no es congruente con la situación política actual del país”, argumenta el decreto.
“Que hoy, como en otros momentos históricos de nuestra Nación, cobra enorme importancia el respeto irrestricto del voto libre y de la voluntad popular como elementos centrales de la democracia, pues de aquellos dependen los demás derechos políticos. Sin respeto a estos principios no tendríamos, como Nación, pueblo y Estado, la fuerza capaz de garantizar las libertades y derechos de todos y todas, sea parte de la mayoría política o de las minorías.
“Que el respeto al principio de que la mayoría tiene la legitimidad constitucional y política para asumir el mandato popular es la base para que las libertades sean ejercibles, hasta el punto de que las minorías puedan convertirse en mayoría a través de apelar a la única y legítima fuente del poder: la libre decisión ciudadana.
“Que no se trata sólo de la estabilidad política. Antes la hubo, pero no había voto libre y abundaba la represión y la corrupción. Se trata de forjar un sistema en el que todos y todas ejerzamos nuestros derechos en libertad y en democracia, y se reconozca como el poder del pueblo”, agregó el documento.
“Que el desarrollo de la democracia está en dependencia de la extensión y profundización de las libertades políticas, dentro de las cuales es posible el debate de ideas, la lucha de intereses y la disputa del poder. Esas libertades deben ser hoy el más valioso instrumento para mejorar continuamente la transformación nacional emprendida, cumpliendo los mandatos programáticos expresados por la mayoría del pueblo. La historia muestra que los procesos sociales y políticos transformadores que se detienen se deforman con su propio conservadurismo”, expresó la Presidenta.
“Que para convocar al país entero a pronunciarse sobre tan sobresalientes temas, ha de constituirse una Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, que tendrá que emplazar al país a intervenir con críticas, opiniones y análisis, mediante los métodos del debate público. La discusión de los sistemas políticos no es asunto exclusivo de quienes se dedican al oficio de la política, sino que atañe a la ciudadanía por entero; esto es parte integrante de los cambios que hoy vivimos en México.
“El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y estará vigente hasta el 30 de septiembre del año 2030, o cuando la persona titular de la Presidencia de la República determine su disolución [...] La Comisión Presidencial para la Reforma Electoral deberá instalarse dentro de los diez días hábiles siguientes a la entrada en vigor del presente decreto”, subrayó.
