Colectivo denuncia que al activista asesinado en Reynosa le quitaron la escolta tras señalar fosas

“A Gabriel lo abandonaron a su suerte”. Esta es la frase que más repetían familiares y activistas del colectivo de búsqueda 10 de marzo, horas después del asesinato la tarde del miércoles 16 de julio del empresario, activista, y buscador, Gabriel Hernández, quien contaba con seguridad por parte del Mecanismo de Protección, pero se la retiraron sin una explicación unos días antes del homicidio, el 10 de julio.

Ahora, en una entrevista con Animal Político, integrantes del colectivo explican que, justo un día antes de que le anunciaran que le retirarían la protección del estado, pese al mandato realizado un año antes por un juez federal, Gabriel Hernández había denunciado la existencia de unas presuntas fosas clandestinas en el municipio de Río Bravo, en Tamaulipas, y pidió a las autoridades ministeriales que las abrieran para buscar a personas desaparecidas; entre ellas, su cuñado, desaparecido en 2022.

“¡Son detonaciones!”

La tarde del miércoles 16 de julio, a eso de las 18.30 horas, el empresario y activista Gabriel Hernández iba manejando su camioneta blanca por las calles de Reynosa junto a su esposa Reyna, que lo acompañaba. El matrimonio venía a las risas hablando por teléfono con su hija, que les contaba orgullosa que había preparado unos hot cake para que comieran cuando llegaran a casa.

Gabriel, contento por el platillo que le esperaba en el hogar, le pidió a su esposa que bajara a una de las muchas tiendas de autoservicio de la ciudad tamaulipeca, y comprara un litro de leche para que le hiciera un ‘choco-milk’ con el que acompañar los hot cake de su hija.

Reyna explica en entrevista con Animal Político que su esposo detuvo el coche cerca de la tienda. El lugar estaba lleno de gente, como la gasolinera que estaba en frente, así como el puesto de elotes cercano, donde había “una filonona” de personas esperando su turno.

“Todo pasó en cuestión de minutos. Estaba ya dentro de la tienda, pagando, cuando de pronto a la muchacha de la caja le cambia el rosto y empieza a gritar muy espantada: ‘son detonaciones, son detonaciones’”.

La mujer asegura que por el bullicio en la tienda no escuchó los disparos. Así que mantuvo la calma, pagó, recogió el litro de leche, y salió a la calle.

Ahí, rápido le cayó el veinte de lo que acababa de suceder.

–Al principio pensé que se lo habían llevado otra vez, porque vi que la camioneta iba muy despacio por la carretera.

Cuando dice ‘otra vez’, Reyna se refiere a que su esposo ya había sido víctima de secuestro hasta en cuatro ocasiones anteriores. Además, en junio del año pasado denunció haber recibido nuevas amenazas luego de señalar a una persona identificada como Mario Guitian Rosas, alias ‘La Chispa’, como el presunto responsable de secuestros y violencia en la región; una región, además, donde también fue secuestrado el hermano de su esposa Reyna, a quien Gabriel buscaba como integrante del Colectivo 10 de Marzo desde el año 2022. Y por si fuera poco, producto de las extorsiones, un empleado de Gabriel, que entre sus negocios tenía un lavadero de carros, fue asesinado.

“Pensé que se lo habían llevado –insiste la mujer–. Pero luego vi la camioneta tirada en el canal”.

Lo que había escuchado con espanto la cajera de la tienda sí eran disparos: el activista y buscador de personas, Gabriel Hernández, había sido asesinado.

“No sabemos por qué le quitaron la custodia”

De acuerdo con un breve comunicado de la Secretaría de Seguridad de Tamaulipas, Gabriel fue atacado a tiros pero, aún vivo, trató de huir del lugar a bordo de la camioneta. Sin embargo, tras fallecer por los impactos de bala, el vehículo cayó dentro de un canal en la colonia Lomas del Real de Jarachina Sur. Muy cerca donde vivía el activista y empresario con su familia.

El asesinato, además, se produjo bajo otra circunstancia indignante: hasta el pasado 10 de julio, Gabriel contaba con la protección de una custodia policiaca, gracias a que desde abril del año pasado interpuso un amparo y un juez federal obligó a las autoridades tamaulipecas a brindarle la protección.

Hernández, además, estaba incluido en el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Sin embargo, cuando lo atacaron no tenía la protección de ningún elemento de seguridad; estaba completamente desprotegido.

“No sabemos por qué se le retiró la custodia porque el amparo se ganó y se le dijo a la Fiscalía que él y su familia tenían que estar custodiados siempre”, señaló Delia Quiroa, presidenta del Colectivo 10 de Marzo, que acompañó al activista a hacer el trámite para lograr la custodia.

María Icela Valdez, también integrante del Colectivo de búsqueda 10 de Marzo, apunta en entrevista con este medio que el pasado 9 de julio, tan solo un día antes de que las autoridades del Ministerio Público en Reynosa le notificaran de que ya no contaría con escolta, y menos de una semana antes de que fuera asesinado, Gabriel Hernández fue a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en Tamaulipas para denunciar la presunta existencia de unas fosas clandestinas en el municipio de Rio Bravo.

“Les dio los datos de las fosas y les dijo que quería ir a buscar a ese lugar pistas sobre su cuñado, y que había otras personas que también querían ir a abrirlas para buscar a sus familiares. Pienso que eso fue lo que molestó a las autoridades y por eso ordenaron quitarle la custodia que lo escoltaba”, señala Valdez.

La esposa de Gabriel, la señora Reyna Cristina García, cuenta que el 10 de julio estaban haciendo una carnita asada en su casa, cuando llegaron unos policías, un abogado y un funcionario del Ministerio Público, que pidieron hablar en privado con el activista.

“Ahí es cuando le dicen que ya no tenía custodia, y le ordenan al policía que estaba con él que los siguiera. Y ahí nos dejaron solo. Abandonaron a mi esposo a su suerte”, lamenta la mujer.

“¿Qué esperan para actuar?”

Gabriel Hernández se convirtió en la víctima número 17 de personas buscadoras asesinadas entre 2014 a la fecha, de acuerdo con un conteo realizado por Amnistía Internacional, de los cuales al menos 7 de esos casos ocurrieron entre 2022 y lo que va de año.

Hernández, además de buscador, era un activista que confrontaba de frente a las autoridades por su indolencia a la hora de buscar a su cuñado y a otras víctimas.

“Mi esposo decía que Reynosa es la capital del secuestro y de la extorsión, pero nadie hacía nada”, lamenta Reyna Cristina.

Incluso, hace un mes y medio, el activista llegó a grabar un video dirigido al fiscal tamaulipeco en el que expuso que estaba siendo víctima de amenazas por denunciar las presuntas actividades delictivas de la persona apodada ‘La Chispa’.

“Le mando un mensaje al fiscal Irving Barrios: si algo me llega a pasar a mí o mi familia, el responsable es Mario Guitian Rosas, alias ‘La Chispa’. (Se lo digo) a Irving Barrios, el fiscal, porque es el que lo protege. Tengo mis carpetas de investigación por secuestro y extorsión, y no ha pasado nada, no se ha movido nada”, dijo en un audio enviado a la periodista Azucena Uresti en Radio Fórmula.

Ahora, tras su asesinato, la activista María Icela Valdez denunció que las autoridades de Tamaulipas no quieren ayudar con los gastos funerarios a la esposa del activista y empresario. Además, señaló que al menos hasta la tarde del viernes no la habían dejado recoger sus pertenencias de la camioneta blanca donde fue ultimado, y en la que dejó su bolsa con el celular, dinero y tarjetas.

El Colectivo 10 de Marzo también exigió la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que emita una recomendación por el abandono institucional del activista asesinado, y para que las autoridades expliquen por qué le quitaron la custodia a Hernández, a pesar de los secuestros que sufrió y las amenazas.

“Ya nos arrancaron al compañero Gabriel, a quien hace seis días le retiraron la custodia y fue asesinado. Y muy a pesar de los hechos lamentables, tenemos a otra compañera víctima, que mediante un amparo logramos que un juez ordenara su incorporación al Mecanismo de Protección, quien está notificado. Y aún así, no han acatado ni se han activado los protocolos del procedimiento extraordinario para salvar su vida. ¿Qué esperan para actuar?”, cuestionó el Colectivo de personas buscadoras 10 de Marzo.