Aunque es un avance, reforma para penalizar uso de ponchallantas queda incompleta: García Sais

Como un intento loable pero sujeto a análisis calificó el notario público y analista en temas jurídicos y económicos Fernando García Sais la reciente reforma del Congreso del Estado de Sinaloa por reforzar la seguridad vial al tipificar como delito el uso, fabricación y comercialización de ponchallantas.

Para García Sais, esta decisión legislativa tiene como propósito el abordar una problemática que se ha presentado en la entidad como lo es el uso de ponchallantas por el crimen organizado para facilitar robos, asaltos o escapes en persecuciones.

Sin embargo, señala que el problema radica en que su efectividad depende en gran medida de factores aún más complejos que la simple severidad de la pena (3 a 10 años de prisión), los cuales no cambian los incentivos de los delincuentes.

“La reforma es un intento loable por abordar un problema real en Sinaloa: los ponchallantas. La intención de reforzar la seguridad en las carreteras es clara, pero me pregunto si esta ley será un paso firme o más bien un gesto simbólico”, declaró.

“Desde el análisis económico del derecho, hay que evaluar si realmente cambia los incentivos de los delincuentes”, añadió.

En su opinión, una de las principales problemáticas de esta ley reside en la baja probabilidad de identificación y captura de los responsables, sobre todo en eventos de alta velocidad donde es común el uso de estos artefactos.

“El problema en Sinaloa es que la probabilidad de captura es baja. Identificar quién arroja un ponchallantas en una persecución a alta velocidad es muy difícil sin tecnología avanzada, como cámaras o drones, o una presencia policial más robusta”.

“En teoría, penas tan altas deberían disuadir, pero, si la probabilidad de sanción es baja, las penas, por duras que sean, pierden impacto”.

Explicó que desde una perspectiva racional, los delincuentes ponderan los beneficios del resguardo de cargamentos ilícitos o evasión de arresto, sobre la posibilidad real de ser atrapados y condenados.

Así mismo, García Sais indicó que siendo las organizaciones criminales estructuras jerárquicas, los encargados de arrojar este tipo de dispositivos suelen ser los integrantes de menor rango, los cuales terminan aceptando los riesgos a cambio de los beneficios que ofrecen sus organizaciones.

“Para ellos 3 o 10 años de prisión pueden ser un costo asumible, sobre todo si los beneficios de escapar son tan altos. Sin atacar las redes criminales de manera integral, la ley se queda corta”, comentó.

De esta forma, para que esta reforma sea realmente efectiva, García Sais propone medidas complementarias como la inversión en tecnología de vigilancia, vehículos adaptados y capacitación especializada para enfrentar estas tácticas.

Sin embargo, destacó que lo más importante es atacar a fondo las redes criminales mediante estrategias integrales, las cuales incluyen el combate al lavado de dinero y creación de oportunidades para sectores vulnerables.

“Hay que ir a la raíz: desmantelar las redes de crimen organizado, atacar el lavado de dinero y ofrecer alternativas económicas a quienes se ven atraídos por estas actividades. Sin eso, los ponchallantas seguirán siendo una herramienta atractiva para los delincuentes”, señaló.

García Sais también mencionó que la implementación de esta ley conlleva costos considerables, sobre todo en un estado como Sinaloa donde el presupuesto de seguridad ya se encuentra bajo presión.

“Implementar esta reforma no es barato. Incrementar la vigilancia, equipar a la policía y procesar a los responsables en el sistema judicial requiere recursos significativos”, indicó.

“Además, las penas de prisión prolongadas pueden sobrecargar un sistema penitenciario que ya sufre hacinamiento. Desde el análisis económico, una ley sólo es eficiente si los beneficios, como la reducción del delito, superan esos costos”.

No obstante, reconoció que la reforma puede tener un impacto positivo en ciertos escenarios, sobre todo al ser una ley que envía un mensaje de autoridad al crimen organizado, aunque esta requiere de estrategias más vastas.

“Puede disuadir a delincuentes menos organizados, los que actúan por oportunidad. Pero para que tenga un impacto real, debe ir acompañada de una estrategia más amplia. No basta con endurecer las penas, necesitamos instituciones más fuertes y un enfoque integral contra el crimen organizado”.

García Sais hizo un llamado tanto a autoridades como a la sociedad para la implementación y demanda de soluciones ante este tipo de problemáticas, las cuales han azotado al estado en los últimos nueve meses.

“A las autoridades, les diría que inviertan en capacidad de detección y en estrategias que desmantelen las redes criminales, no solo en leyes más duras. A los ciudadanos, que exijamos no solo castigos, sino soluciones efectivas”, declaró.

“Queremos carreteras seguras, pero eso requiere que la justicia no se quede ‘pinchada’ en el camino. La seguridad es un esfuerzo colectivo que va más allá de una reforma”, puntualizó.