Aprueba Senado propuesta de Senadora Paloma Sánchez para combatir importación ilegal de camarón
Detener de inmediato el ingreso ilegal de camarón ecuatoriano que está devastando al sector pesquero nacional y, particularmente, de Sinaloa, es la propuesta de la Senadora Paloma Sánchez Ramos y punto de acuerdo aprobado por el pleno del Senado de la República.
La legisladora priista denunció un fenómeno que combina crimen organizado, colapso económico y riesgos sanitarios.
“El documento, presentado el 4 de marzo de 2025, parte de una preocupación concreta y documentada: el contrabando de camarón ecuatoriano, que se estima en 20 mil toneladas anuales, ha desplazado al producto sinaloense en un 80 por ciento”, informó la senadora.
Señaló que esto no solo ha dañado los precios, también ha puesto en riesgo más de 900 granjas acuícolas y 20 mil empleos directos.
“Este contrabando está acabando con nuestra producción y dejando sin sustento a miles de familias”, advirtió.
Informó que Sinaloa es líder nacional en producción camaronera, con más de 115 mil toneladas generadas en 2023, equivalentes al 45 por ciento del valor nacional.
Apuntó que ese logro está en riesgo por una práctica ilegal que afecta a productores en todo el país.
“Este no es solo un problema comercial, es también un problema de seguridad nacional”, señala, al advertir que el tráfico de camarón está vinculado con redes de delincuencia organizada, lavado de dinero y violencia en regiones fronterizas.
Propuso que el Poder Ejecutivo, en especial la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, coordine esfuerzos con la Secretaría de Marina y la Agencia Nacional de Aduanas de México para fortalecer la vigilancia en puertos, carreteras y puntos de ingreso al país.
“Esa fue la redacción final aprobada por senadoras y senadores de todas las fuerzas políticas, quienes respaldaron de manera unánime la iniciativa”, informó Sánchez.
La senadora sinaloense denunció que el camarón ilegal representa un riesgo para la salud pública, ya que ingresa al país sin cumplir normas sanitarias ni fitosanitarias, sin trazabilidad ni control, lo que podría desencadenar crisis de confianza en el mercado interno.
Alertó sobre el impacto ambiental, pues muchas veces el producto entra al país sin respetar prácticas sustentables de captura, usando redes prohibidas o técnicas depredadoras, lo que afecta la biodiversidad y la reproducción de especies.
“Exigimos condiciones justas para competir. Nuestros productores cumplen con la ley, pagan impuestos, cuidan el medio ambiente. El Estado tiene la obligación de protegerlos del comercio ilegal que destruye todo lo que hemos construido”, sostiene Sánchez Ramos en su iniciativa.
