Trump despliega la Guardia Nacional en Washington y federaliza a la Policía Metropolitana
El Presidente Donald Trump anunció el 11 de julio que invocó la Sección 740 de la Ley de Autonomía del Distrito de Columbia (DC HOME RULE ACT), para colocar al Departamento de Policía Metropolitana bajo control federal directo y desplegar a la Guardia Nacional.
Trump declaró que la medida respondería a condiciones especiales de emergencia respecto a la delincuencia y la falta de vivienda en la capital, pese a que datos oficiales registraron una disminución del 26 por ciento en crímenes violentos durante 2025 respecto al año anterior. El control federal durará 30 días como máximo, según la norma, a menos que el Congreso apruebe una extensión mediante resolución conjunta.
La administración designó a la Fiscal General Pam Bondi para asumir el mando del Departamento de Policía Metropolitana de inmediato. Trump indicó que 800 miembros de la Guardia Nacional asistirían en operaciones iniciales, con posibilidad de incrementar el número si las circunstancias lo requirieran.
El Secretario de Defensa Pete Hegseth confirmó que fuerzas adicionales estarían preparadas para intervenir, incluyendo unidades especializadas.
La Alcaldesa del Distrito de Columbia Muriel Bowser expresó que la acción resultaba inquietante y sin precedentes, aunque confirmó que acataría la orden en cumplimiento de la ley.
Bowser solicitó una reunión con Bondi para coordinar la transición y enfatizó que todos los agentes deberían identificarse claramente mediante uniformes o distintivos.
El Fiscal General del Distrito de Columbia Brian Schwalb calificó las medidas de innecesarias e ilegales, al argumentar que no existía emergencia delictiva que las justificara.
Schwalb destacó que los crímenes violentos alcanzaron mínimos históricos de 30 años en 2024 y descendieron otro 26 por ciento en 2025.
El Consejo del Distrito de Columbia emitió un comunicado conjunto en el que rechazó la intervención federal y defendió la autonomía local.
La delegada en el Congreso Eleanor Holmes Norton manifestó que la decisión representaba un uso contraproducente de recursos del Distrito de Columbia para fines particulares.
Trump mencionó que abogados estudiaban opciones para impulsar en el Congreso la derogación de la DC HOME RULE ACT, lo que transferiría el Gobierno local por completo al control federal.
Tal cambio requerirá aprobación de ambas cámaras legislativas.
Expertos legales advirtieron que el despliegue podría violar la Ley Posse Comitatus, que prohíbe el uso de fuerzas armadas en tareas de aplicación de la ley civil.
El Gobierno argumentó que la Guardia Nacional operaría en apoyo a autoridades federales para proteger propiedades e instalaciones nacionales.
La intervención en Washington siguió un patrón similar al despliegue de la Guardia Nacional en Los Ángeles en junio de 2025, donde Trump federalizó tropas para responder a protestas contra operativos de inmigración.
En aquel caso, el Gobernador de California Gavin Newsom demandó a la administración por considerar las acciones inconstitucionales.
Representantes demócratas como Jamie Raskin anunciaron planes para presentar resoluciones en la Cámara de Representantes con el fin de revertir la declaración de emergencia y restaurar el control local.
Raskin describió la medida como una maniobra autoritaria que no resolvería problemas de delincuencia.
En el Congreso, James R. Comer, presidente del comité responsable de supervisar los asuntos del Distrito de Columbia, aprobó la acción de Trump y la especificada para “restablecer el orden y la seguridad en la capital”.
Organizaciones como Free DC advirtieron que la acción resaltaba la vulnerabilidad del Distrito de Columbia sin estatus de estado, lo que permitiría intervenciones federales sin consulta local.
Analistas citados por medios locales indicaron que el precedente podría extenderse a otras ciudades con gobiernos demócratas, mediante redefinición de poderes de emergencia en legislación federal.
Tras el anuncio, Trump insistió en que replicaría el procedimiento en otras ciudades donde se considerara fuera de control la criminalidad, aunque su facultad está más limitada respecto a jurisdicciones estatales y locales fuera del Distrito de Columbia.
Hasta el día 11 de agosto del mismo mes y año, la Policía Metropolitana de Washington continuaba bajo control federal.
Residentes y funcionarios locales mantienen la expectativa sobre el diseño previsto para el período de 30 días o su posible extensión por el Congreso estadounidense.
