México expone ante la Corte de EU ‘prácticas irresponsables’ de fabricantes de armas; exige millonaria indemnización
El Gobierno de México concluyó ante la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos la presentación de argumentos orales por las demandas contra fabricantes de armas y distribuidoras estadounidenses.
De esta manera, México busca que la industria armamentista en Estados Unidos rinda cuentas y modifique sus prácticas comerciales para detener su flujo ilegal, de acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
Esta audiencia, que la cancillería calificó como un “hecho sin precedentes”, ocurre en el marco de la demanda presentada en 2021 en contra de ocho compañías de la industria armamentista ante una Corte Federal en Boston, Massachusetts, luego de que en enero de 2024 México superó la inmunidad que otorga la ley estadounidense a estas empresas, tras una resolución favorable de la Corte de Apelaciones para el Primer Circuito.
Durante la audiencia, México sostuvo que las acciones y omisiones de estas empresas permiten que sus armas sean traficadas, causando violencia mientras gozan de inmunidad a la luz de la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas de EU.
“Nuestro país confía plenamente en la solidez de los planteamientos jurídicos expuestos ante la Corte”, destacó la SRE en un comunicado.
“México respeta el derecho del pueblo estadounidense de autogobernarse y reitera que este caso no versa sobre la segunda enmienda constitucional ni sobre el derecho de los estadounidenses a portar armas. La demanda gira en torno al tráfico ilícito de éstas a nuestro país como consecuencia de las prácticas irresponsables de quienes las fabrican”, indicó.
Tras escuchar los argumentos de las partes, el máximo tribunal estadounidense debe decidir si desestima o da curso a la demanda de México, que libra una guerra judicial contra ocho fabricantes de armas estadounidenses desde 2021, a los que pide una indemnización por 10 mil millones de dólares.
Las empresas demandadas son Smith & Wesson, Beretta, Colt, Glock, Century Arms, Ruger y Barrett y al vendedor y distribuidor Interstate Arms, por considerar que su comercio “negligente e ilícito” alienta el narcotráfico y la violencia en el país.
En 2022, un juez desestimó el caso alegando que las reclamaciones de México chocaban con la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA), aprobada por el Congreso en 2005 y que exime a los fabricantes de armas de responsabilidad civil por el uso que los delincuentes hagan de sus productos.
Pero una Corte de Apelaciones retomó el caso, justificando que hay una excepción a la ley.
“La Corte Suprema no está revisando el fondo del asunto, sino la decisión de la Corte de Apelaciones”, precisó Alejandro Celorio Alcántara, antiguo asesor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana.
México debe probar que esta empresas “auxilian e instigan” el tráfico y la exportación de armas, así como la relación de “causalidad” de las conductas demandas y los daños que se registran en el país, explicó a la agencia.
Se espera que el máximo tribunal de Estados Unidos dé a conocer su fallo antes del verano boreal.
Según México, las empresas estadounidenses venden rifles semiautomáticos, fabrican cargadores de más de diez cartuchos y no imponen restricciones de venta, lo que ha creado un suministro de armas de fuego que acaban siendo utilizadas por los cárteles de la droga.
Según las autoridades mexicanas, el 72 por ciento de las armas encontradas en los escenarios del crimen del narcotráfico -en torno a medio millón- están fabricadas por estas empresas y llegan cada año ilegalmente a México procedentes de Estados Unidos.
Presión con aranceles
La revisión de la Corte Suprema coincide con la entrada en vigor de los aranceles del 25 por ciento a los productos mexicanos que entran al mercado estadounidense, una decisión de la administración de Donald Trump que sirve para presionar a las autoridades mexicanas a que luchen contra el tráfico de drogas.
En particular contra el fentanilo, un poderoso opioide sintético que mata a miles de personas cada año en Estados Unidos.
Trump declaró recientemente como grupos terroristas a seis cárteles mexicanos de la droga, entre ellos el de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, en un intento de forzar a las autoridades mexicanas, acusadas de connivencia, a luchar contra sus actividades ilícitas.
La Presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, que niega dichos señalamientos, advirtió recientemente a los fabricantes de armas que ampliará las acciones legales para acusarlos de “complicidad” con grupos terroristas.
El presidente republicano, que sufrió dos intentos de asesinato durante su campaña electoral, es un defensor del derecho de portar armas, garantizado por la Segunda Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.
México ha registrado más de 340 mil asesinatos y unos 100 mil desaparecidos, la mayoría atribuidos a las organizaciones criminales, desde el lanzamiento de una ofensiva militar antidrogas en diciembre de 2006.
Asimismo, el gobierno mexicano presentó una segunda demanda en un tribunal de Arizona, estado que junto con Texas supone una de las principales vías del contrabando de armas a México, contra cinco comercios, a los que acusa de negligencia, alteración del orden público y enriquecimiento ilícito.
