Urge a Sinaloa trabajar en la poscrisis de seguridad, a un año de la guerra del CDS
Sinaloa debe diseñar un plan que lo encamine hacia la etapa de poscrisis en materia de seguridad, plantearon la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y la Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública, a un año de la ola de violencia derivada de la disputa del crimen organizado.
A unos días de cumplirse un año del inicio de la crisis de seguridad derivada de la pugna del Cártel de Sinaloa, el 9 de septiembre de 2024, los organismos presentaron un balance sobre sus efectos en el estado y los retos para recuperar la normalidad previa.
Oscar Loza Ochoa, presidente de la CEDH advirtió que los hechos violentos podrían continuar, por lo que consideraron urgente anticipar medidas que permitan construir condiciones de paz.
“Hay que comenzar a trabajar en ese sentido. O sea, no nos esperemos a que de repente digamos: ‘ya se pasó’. O sea, hay que comenzar a trabajar un día.

“Esto se va a dar en diciembre o el próximo julio del otro año. Hay que buscar acelerar el paso para que eso quede atrás, sin ponerle fecha pero ciertos de algunas tareas que tenemos que realizar para alcanzar más pronto que tarde, precisamente, el día después [de la crisis]”, destacó.
Miguel Calderón, coordinador general del CESP, señaló que Sinaloa necesita un “Plan Marshall de Culiacán” que no se limite a lo económico o a la reducción del delito, sino que también abarque la convivencia social, la cultura y el uso del presupuesto público con enfoque de poscrisis.
Este esfuerzo, subrayó, debe involucrar tanto al gobierno como a los colectivos para evitar que los hechos violentos se repitan.
Loza subrayó que la primera prioridad para Sinaloa es recuperar la normalidad social, tarea que debe involucrar tanto a la sociedad como a las autoridades.
“La primera es que es una tarea de todos trabajar por regresar la normalidad en la que vivíamos al menos al 8 de septiembre del año pasado”.
Destacó la urgencia de proteger a los sectores más vulnerables, como menores, mujeres y periodistas. En total, recordó, tienen registro de 50 menores afectados, 76 mujeres víctimas de la violencia y 64 agresiones a periodistas.
Otro eje central es diseñar el presupuesto 2026 con enfoque de poscrisis, para fortalecer a policías, ministerios públicos y programas sociales que contribuyan a reconstruir el tejido social.
“El Consejo Nacional [de Seguridad Pública] señaló que... tenían que contratar un 25 por ciento de policías más en todo el País. Policías preventivas, y se hablaba de contratación de ministerios públicos, en un 30 por ciento. Eso nos habla de que el diseño de ese presupuesto del próximo año tiene que ser diferente”.
“No basta con que nos están haciendo un esfuerzo por ejemplo la Comisión de Búsqueda, la Comisión de Atención a Víctimas del Delito, la misma Fiscalía Especializada en Desapariciones Forzadas.
“Hacen un esfuerzo, pero están rebasados... y hablo en general... creo que el número de casos que llevan cada uno de ellos rebasa con mucho los 180”, criticó.
Resaltó la importancia de escuelas y espacios públicos como centros comunitarios, donde se puedan desarrollar actividades culturales, deportivas y artísticas para fomentar la convivencia y el sentido de pertenencia.
“La escuela debe servirnos hoy como una de las plataformas fundamentales, no solo para que los espacios públicos vuelvan a ser de toda la sociedad, sino que ahí se desarrolle todo lo que nosotros somos como personas, como vecinos. Si no hay pertenencia al barrio, a la ciudad, no se puede alcanzar la paz”, resaltó.
Las cifras en aumento
De acuerdo con cifras presentados por el CESP, los delitos de homicidio doloso, desaparición forzada, robo de vehículos y robo a comercio se dispararon tras el inicio de la guerra del Cártel de Sinaloa en septiembre de 2024.
A casi un año de la guerra los homicidios pasaron a mil 828, con más de cien por mes y con un pico de 207 en junio de 2025.
Las desapariciones forzadas suman 2 mil 390 denuncias, concentrándose 233 en julio de 2025. Los robos de vehículos alcanzaron 6 mil 835 casos, con un máximo de 694 en mayo, y los robos a comercio totalizaron 2 mil 658, destacando febrero de 2025 con 283 incidentes.
“Estamos viendo que la incidencia se triplicó o se cuadriplicó en los casos. Veníamos de incidencias de menos de 50 mensuales, llegando a récords mínimos de 33, pero después de del 9 de septiembre esto se elevó a 142 [homicidios], para el 9 de septiembre, a 182 en octubre y este junio tenemos el récord 207 denuncias por homicidio”, compartió Calderón.
“Tenemos el récord histórico, nunca antes en Sinaloa había habido tantas desapariciones o privaciones como el tiempo este del año de la crisis”.
Calderón destacó que en Sinaloa es fundamental contar con instituciones de seguridad fuertes para limitar las acciones delictivas.
Explicó que, aunque ningún lugar está completamente libre de homicidios o robos, la criminalidad se mantiene bajo control cuando el Estado tiene instituciones sólidas y la ciudadanía participa activamente en la vigilancia y protección de la paz común.
“Aún en aquellos lugares, la criminalidad tampoco tiene escrúpulos, tampoco tiene principios, tampoco respeta limites. Pero al ver un estado fuerte, al ver instituciones fuertes, al ver a los vecinos al pendiente de la paz común entonces es que se detienen un poco”, defendió.