Que no use estrategias para evadir responsabilidades, dice Gobierno de Sinaloa por caso Vargas Landeros
Que los asuntos legales del Alcalde desaforado de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, transcurran conforme a derecho y sin usar estrategias para evadir responsabilidades, pronunció el Gobierno del Estado de Sinaloa.
El subsecretario de Gobierno, Rodolfo Jiménez López, deslindó al Ejecutivo de los litigios en que está involucrado el Presidente Municipal desaforado de Ahome, ante otras autoridades locales, para evitar órdenes de aprehensión y retomar sus funciones pese a estar vinculado a proceso.
“Lo fundamental es que se actúe conforme a la legalidad y dentro del marco constitucional, y no con estrategias jurídicas para evadir responsabilidades”, dijo.
“No corresponde pronunciarnos sobre los efectos jurídicos de un proceso del que el Poder Ejecutivo no tiene intervención. No formamos parte, son las instancias competentes las que habrán de determinar lo que procede conforme a derecho”, apuntó Jiménez López.
Este 31 de julio, se dio a conocer una resolución de un Juez de Distrito en Zacatecas con la que otorgó una medida cautelar a Vargas Landeros en contra de su desafuero aprobado por el Congreso de Sinaloa, así como su consecuente separación de funciones como Alcalde de Ahome.
Sin embargo, dicha resolución fue una suspensión provisional, y la Junta de Coordinación Política del Legislativo local rechazó que una suspensión judicial pueda revocar un proceso de desafuero, ya que esto iría en contra de la soberanía que tiene el Parlamento.
En ese sentido, la Jucopo calificó como una estrategia de ilegalidad al hecho de que Vargas Landeros haya promovido amparos en juzgados de otros estados.
El Munícipe desaforado de Ahome enfrenta dos cargos penales en Sinaloa: uno por una investigación de la Fiscalía Anticorrupción del Estado sobre la presunta contratación ilegal de patrullas por 171 millones de pesos en su primer periodo de mandato, 2021-2024; y otro más por supuestamente haber obstaculizado la justicia al no entregar información a la FGE respecto a la investigación por ese contrato.
Por ambas causas ha sido vinculado a proceso penal por el Juez Carlos Alberto Herrera, mismo que incluso giró una orden de arresto luego de haber desairado una audiencia penal con la justificación de tener citatorio médico.
