Propone Iniciativa Sinaloa para que agresores de periodistas y personas defensoras no tengan cargos públicos
La asociación civil Iniciativa Sinaloa presentó una iniciativa de reforma ante el Congreso del Estado de Sinaloa para impedir que personas con antecedentes de agresiones a periodistas y defensores de derechos humanos ostenten cargos en el servicio público.
La coordinadora de proyectos de la organización, Sibely Cañedo, indicó que esta propuesta responde a la alza en el número de atentados hacia estos dos grupos.
“En esta ocasión lo que buscamos es que los agresores de personas defensoras de derechos humanos y periodistas lleguen a ocupar cargos públicos, esto porque desde hace varios años la normativa mexicana ha estado instaurando criterios para que al servicio público lleguen funcionarios con probada calidad ética y que tengan respeto a los derechos humanos”.
“Pues como ustedes saben también han ido en incremento las agresiones tanto a nivel nacional como en el estado, las agresiones de distinto tipo que tienen que ver con amenazas, con hostigamiento, incluso hasta desaparición forzada o en Sinaloa también tuvimos en 2024 dos ataques a medios de comunicación a balazos”, explicó.
Las modificaciones planteadas son al artículo 38 y 116 de la Constitución Política de México, así como reformas a los artículos 11 y 12 de la Constitución Política de Sinaloa.
“Esos artículos son los que tienen que ver con los derechos ciudadanos de las personas, esto incluye ser votado a un cargo de elección popular e incluso también para ocupar cualquier tipo de cargo público”, precisó Sibely Cañedo.
Refirió que con estas acciones se busca reforzar la defensa y protección legal del gremio periodístico y grupos de defensa de derechos humanos, así como garantizar que el funcionariado esté compuesto por personas íntegras.
Además, abundó que la iniciativa responde a agresiones documentadas previamente, las cuales han sido a cargo de servidores públicos.
“Tiene también esa doble función tanto de proteger lo que es la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos, como fomentar la integridad en el servicio público”.
“También vemos que hay un alto porcentaje de las agresiones que son cometidas directamente por funcionarios públicos, esto sobre todo a través de campañas de desprestigio, hostigamiento o como se ha notado desde el sexenio anterior una tendencia muy arraigada para los discursos estigmatizantes contra la prensa y contra los organizaciones de derechos humanos”, señaló.
