Gasta Gobierno de Sinaloa más de $3 millones de pesos para mobiliario de educación básica
CULIACÁN._ El Gobierno del Estado, a través del Instituto Sinaloense para la Infraestructura Física Educativa, autorizó una compra de equipo de mobiliario y tecnológico para distribuir entre planteles de educación básica de la entidad por más de tres millones de pesos.
La inversión del Estado comprende más de tres mil artículos, principalmente de mobiliario, junto con algunos equipos tecnológicos destinados a planteles educativos de nueve municipios
Estos equipos serán repartidos en escuelas primarias, secundarias y de nivel preescolar de los municipios de Culiacán, Mazatlán, Ahome, Salvador Alvarado, Choix, Angostura, Guasave, Juan José Ríos y Navolato.
En total, la compra gestionada por Isife fue por 813 mesas individuales metálicas a mil 320 pesos cada una; mil 408 mesas con las mismas características, pero con valor de 580 pesos cada una; 400 butacas de mil 518 pesos; 46 mesas para docentes tasadas en dos mil 800 pesos; 558 sillas a mil 86 pesos; 46 sillas para docentes por mil 120 pesos; 30 pizarrones metálicos a seis mil pesos; dos escritorios valuados en siete mil 500 pesos: y dos sillas operativas a costo de tres mil 100 pesos.
Todos esos productos fueron comprados previa licitación a Industrial Corporativo de Servicios S.A. de C.V., representada por Juan Carlos Jaramillo Canobbio y la empresa Masser S.C.
En otra partida de la licitación, el Estado adquirió 13 laptops y dos computadoras de escritorio a Soluciones en Informática del Datemex S.A. de C.V., de César Abraham Cuadras López.
Este proveedor ha sido parte de una red de proveedores de la Universidad Autónoma de Sinaloa, mediante la cual la casa de estudios pagó productos a sobreprecio y en beneficio de un entramado de empresas ligado a la familia del ex Rector Héctor Melesio Cuén Ojeda.
En el caso de Soluciones en Informática, su representante Cuadras López es esposo de Yareli López Sotelo, quien funge como Secretaria Académica de la Facultad de Informática de la UAS, misma a la que la empresa de su cónyuge facturó más de 123 millones de pesos saltándose procedimientos legales.
