En la misma finca, la muerte y el exilio se dieron la mano: un año del asesinato de Cuén y detención de ‘El Mayo’
Los jueves y el narco en Sinaloa se enlazan de una forma surreal, como si la violencia obedeciera calendarios.
El término Jueves Negro se ha utilizado para describir jornadas violentas en Sinaloa que ocurrieron, por coincidencia, un jueves. La primera fue el 17 de octubre de 2019, cuando civiles armados bloquearon la circulación en la ciudad en respuesta a un operativo del Ejército para capturar a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán. La segunda fue el 5 de enero de 2023, cuando se registraron enfrentamientos entre civiles armados y militares en la comunidad de Jesús María, al norte de Culiacán, en respuesta a la captura de Ovidio Guzmán López.
El 25 de julio de 2024 era jueves. Ese día Sinaloa recibió atención internacional, pues fue asesinado uno de los más relevantes políticos locales, Héctor Melesio Cuén Ojeda, y fue arrestado Ismael “El Mayo” Zambada García, el mítico capo jamás antes detenido. Los casos fueron revelados en diferentes horarios, y las indagaciones posteriores reunieron evidencia de que ambos estaban relacionados.
En una finca a la periferia de la ciudad de Culiacán, rodeada de sembradíos y silencio, compartirían sin saberlo una posición sin retorno. Uno cayó sin juicio ni defensa, fue asesinado; el otro fue llevado ante la justicia estadounidense.
La finca Huertos del Pedregal se convertiría en el cruce de dos historias: la del asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda y la de la detención de Ismael “El Mayo” Zambada García.
Un año ha pasado y todavía no hay quien haya respondido ante la justicia por la muerte del ex Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Tampoco hay sentencia contra el ubicado por muchos años por autoridades de investigación mexicanas y extranjeras como jefe del Cártel de Sinaloa. Sólo quedan los ecos de esa jornada: el cuerpo de un político, las huellas de sangre dentro de la finca, y un hombre cruzando la frontera hacia su encierro.
La muerte de Cuén Ojeda ligada al narco
Héctor Melesio Cuén Ojeda tenía una trayectoria que atravesaba la academia, lo empresarial y la política. Había sido Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Presidente Municipal de Culiacán, diputado y candidato a gobernador. Hombre de poder político regional.
El 25 de julio de 2024, cerca de las 22:30 horas, Cuén Ojeda ingresó a una clínica particular pero ya había perdido la vida horas antes. La versión inicial decía que fue víctima de un asalto. Más tarde, los peritajes dirían otra cosa: había sido asesinado en Huertos del Pedregal, con armas de alto calibre, y su cuerpo trasladado después.
Primero se dijo que fue un intento de robo el que le arrebató la vida.
La primera versión, aquella en la que se excluyó a Cuén Ojeda de la reunión entre capos, establecía que Fausto Ernesto Corrales, hijo del ex Rector de la UAS, Víctor Corrales Burgueño, y actual Diputado, pasó el día acompañando al fundador del PAS.
Según esta historia Fausto Corrales conducía una camioneta pickup con Cuén Ojeda de copiloto. Al llegar a la gasolinera ubicada en La Presita al norte de Culiacán, Cuén fue baleado por civiles armados.
Esta versión se intentó sostener con el video de vigilancia de la gasolinera en la que se ve el acto de agresión, metraje que fue recibido por la FGE como evidencia y no existieron manifestaciones públicas de que podría tratarse de fabricación.
El cuerpo de quien en vida fue Cuén Ojeda fue entregado a su familia y cremado.
El 10 de agosto, Ismael Zambada García emitió una postura pública por escrito en la que expuso que Cuén Ojeda era su amigo, que fue asesinado por miembros del crimen organizado, y que acudió a una reunión de capos para tratar asuntos políticos en relación a la Universidad Autónoma que alguna vez lideró.
“Tengo conocimiento que la versión oficial que dan las autoridades del estado de Sinaloa es que Héctor Cuén fue baleado la noche del 25 de julio en una gasolinera por dos hombres en motocicleta que querían robar su camioneta. Eso no es lo que pasó. A él lo mataron al mismo tiempo y en el mismo lugar donde a mí me secuestraron. Héctor Cuén era un viejo amigo mío y lamento profundamente su muerte”, se expuso en la misiva firmada por Ismael Zambada durante las primeras semanas de su detención en Estados Unidos.
La Fiscalía General de la República atrajo el caso, desplazando a la Fiscalía estatal, y encontró más de una coincidencia inquietante: sangre de Cuén en el piso, casquillos de distintos calibres, y rastros de que otro hombre también había sido herido allí: un escolta de “El Mayo”.
La entonces Fiscal General del Estado, Sara Bruna Quiñonez Estrada, renunció.
A un año de estos hechos, ni autor material, ni intelectual. La FGR mantiene abierta la carpeta.
El día que ‘El Mayo’ cruzó la frontera
De acuerdo con la defensa de Zambada García, el capo fue invitado a una reunión en Culiacán para reunirse con los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán Loera, ‘El Chapo’, el Gobernador Rubén Rocha Moya y Cuén Ojeda. Según una declaración pública por escrito de “El Mayo”, fue invitado para mediar una serie de situaciones políticas entre el ex Rector de la UAS y el Gobernador.
“Joaquín Guzmán López me pidió que asistiera a una reunión para ayudar a resolver las diferencias entre los líderes políticos de nuestro estado. Conocía una disputa entre Rubén Rocha Moya, Gobernador de Sinaloa, y Héctor Melesio Cuen Ojeda, ex congresista federal, Alcalde de Culiacán y Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), sobre quién debería dirigir esa institución. Me dijeron que además de Héctor Cuén y el Gobernador Rocha Moya, en la reunión también estaría Iván Guzmán Salazar”, puede leerse en la carta pública.
Ese día el Gobernador Rocha Moya se encontraba en Estados Unidos. Viajó ese día a Los Ángeles.
Días más tarde, cuando fue publicada la carta de “El Mayo”, Andrés Manuel López Obrador entonces Presidente de México y Claudia Sheinbaum Pardo, próxima Mandataria federal, estuvieron en Culiacán en la inauguración del Hospital General. Frente a ellos Rocha Moya se deslindó de la reunión a la que acudieron Zambada García y Cuén Ojeda.
“No tenemos nosotros complicidad con nadie y eso es profesando justamente la política del Presidente, no hay complicidades. Por lo tanto, si dijeron que iba a estar yo, les mintieron, y si les creyó, cayó en la trampa, no tenía por qué, no tengo por qué. Ya dije, esos problemas que son del Gobierno los resolvemos en las instituciones”, dijo Rocha Moya ese día, en un evento federal y cuando se encontraba en la lupa internacional.
La misiva de Zambada relató los hechos que acontecieron previo a su detención: “El 25 de julio, fui al rancho y centro de eventos llamado Huertos del Pedregal en las afueras de Culiacán donde se llevaría a cabo la reunión. La reunión estaba prevista para las 11:00 horas y llegué un poco temprano. Vi una gran cantidad de hombres armados con uniformes militares verdes que supuse eran pistoleros de Joaquín Guzmán y sus hermanos. Me acompañaban cuatro agentes de seguridad, de los cuales dos permanecían fuera del perímetro. Los dos que entraron conmigo fueron José Rosario Heras López, comandante de la Policía Judicial del Estado de Sinaloa, y Rodolfo Cháidez, miembro de mi equipo de seguridad desde hace mucho tiempo”.
Zambada García expuso en su misiva que fue retenido por quienes lo invitaron al encuentro.
“Tan pronto como puse un pie dentro de esa habitación, fui emboscado. Un grupo de hombres me agredió, me tiró al suelo y me puso una capucha de color oscuro en la cabeza. Me ataron y esposaron y luego me obligaron a subir a la caja de una camioneta. Durante toda esta terrible experiencia, fui sometida a abuso físico, lo que resultó en lesiones importantes en la espalda, las rodillas y las muñecas. Luego me llevaron a una pista de aterrizaje a unos 20 o 25 minutos de distancia, donde me obligaron a subir a un avión privado”, se registra.
Cerca de las 16:00 horas del 25 de julio de 2025 en Sinaloa comenzó a correr el rumor de que “El Mayo” y Joaquín Guzmán López habían sido detenidos en El Paso, Texas.
El Gobierno norteamericano ofrecía 15 millones de dólares por información que ayudara a su captura, pero no necesitó desembolsarlos.
Aterrizaron en el aeropuerto privado de Santa Teresa, Nuevo México, en el Condado de Doña Ana, zona limítrofe con El Paso, Texas. Por ambos, el Departamento de Estado de los Estados Unidos ofrecía 20 millones de dólares para obtener información que llevara a sus arrestos.
Esa noche, el Secretario de Seguridad Interna de EEUU, Alejandro Mayorkas, atribuyó la detención de ambos capos a acciones de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y del Buró Federal de Investigaciones (FBI), ambos por sus siglas en inglés.
Mientras, en México, el Estado ignoraba el tema e incluso se deslindó de participar en las detenciones de ambos narcotraficantes.
“A las 15:30 horas, la SSPC recibió una llamada de la Embajada de Estados Unidos en México, donde se informó que Ismael ‘El Mayo’ Zambada y Joaquín Guzmán López se encontraban bajo custodia de las autoridades en El Paso, Texas.
“Se solicitó una fotografía para informar a la superioridad a lo que la Embajada comentó haber visto las imágenes de ambas personas, mediante un video tomado en las oficinas del Gobierno estadounidense, se pidió la imagen para dar el reporte completo y se comentó ahí que se pediría el apoyo al [Buró Federal de Investigaciones] FBI y otras agencias”, respondió la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, el 26 de julio de 2024.
Al mismo tiempo que el Gobierno mexicano reconocía su desconocimiento, “El Mayo” Zambada se declaró inocente de los cargos presentados en la Corte del Distrito Oeste de Texas.
En esa jornada también nombró como su abogado a Frank A. Pérez, quien dio los primeros atisbos de cómo el capo sinaloense cayó bajo custodia estadounidense.
“No tengo ningún comentario, excepto decir que él no se entregó voluntariamente; fue traído contra su voluntad”, mencionó la defensa.
Los agentes que trabajaban para el narco
La carta que difundió el abogado de “El Mayo” el 10 de agosto indicó que a esa cita le acompañaron cuatro miembros de su equipo de seguridad, dos permanecieron fuera de la finca, los dos que ingresaron con él fueron José Rosario Heras López, Comandante de la Policía Judicial del Estado; y Rodolfo Chaidez, escolta desde varios años atrás y ex Policía de Investigación de Sinaloa.
Al día de hoy, ninguno de los dos escoltas referidos por el narcotraficante han sido localizados.
Heras López ingresó el 6 de julio del 2000 a la Procuraduría General de Sinaloa como agente de la Policía Ministerial, en los tiempos del ex Gobernador priista Juan Sigifrido Millán Lizárraga, y cuando la Procuraduría dependía del Poder Ejecutivo.
El 15 de diciembre de 2010 Rosario Heras pasó a ser “Agente de Investigación” de la Policía Ministerial, y luego el ex director de la Policía Ministerial, Jesús Antonio Aguilar Íñiguez “Chuy Toño”, lo designó Comandante de la Ministerial en la región de El Salado
Contaba con vacaciones del 15 al 30 de julio del 2024, ese día dijo a su familia que salió a Culiacancito para visitar a sus padres, y el 28 de julio presentaron la denuncia por su desaparición.
Sobre ellos, la FGR encontró rastros de sangre de Rodolfo Chaidez en la batea de la camioneta en que supuestamente fue atacado a balazos en una gasolinera Héctor Melesio Cuén Ojeda. La camioneta pertenece a un empleado de la UAS e hijo de un Diputado local del Partido Sinaloense.
Además, geolocalizaron los teléfonos de Rosario Heras, Rodolfo Chaidez y el de Cuén Ojeda en Huertos del Pedregal, finca donde Ismael Zambada García denunció ser emboscado y traicionado por Joaquín Guzmán López.
‘El Mayo’, en el hermetismo extranjero
El 6 de septiembre del 2024, Kathleen Cardone, jueza de la Corte Federal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Texas, en El Paso, autorizó una moción del Gobierno de EEUU, que ya había rechazado el 23 de agosto, para que Ismael Zambada, “El Mayo”, fuera trasladado a Brooklyn, donde sería juzgado por el juez Brian M. Cogan, en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York.
Su primera comparecencia fue el 13 de septiembre del 2024, ante el juez James R. Cho, en la sala 11 D Sur, de la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York. El cofundador del Cártel de Sinaloa apareció vestido de color caqui, el uniforme de prisión, y custodiado por tres agentes federales.
En la audiencia se declaró no culpable y necesitó ayuda para levantarse de la silla al dejar la sala de audiencias. Se retiró cojeando de la Corte neoyorquina.
Mientras tanto, el entonces Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reclamaba que el Gobierno de Estados Unidos debía esclarecer cómo es que detuvieron a Ismael Zambada García y Joaquín Guzmán López. Su sexenio terminó el 30 de septiembre del 2024 y nunca obtuvo respuesta.
Días antes de tomar posesión como la primera Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum replicó la postura de AMLO e instó a las autoridades norteamericanas a ser colaborativas para transparentar lo ocurrido en la jornada del 25 de julio del 2024.
“Yo creo que lo importante en la relación con Estados Unidos, con las agencias, es que haya coordinación, en este caso todo indica que no hubo coordinación, si no que hubo una actuación a partir, incluso, de temas que no se han acabado de explicar, como la liberación de un capo para detener a otro. Entonces, yo creo que lo que no se puede aceptar nunca, pues, es que no haya coordinación y colaboración”, criticó el 19 de septiembre de 2024.
El juicio del capo
Ismael Mario Zambada García regresó a la Corte de Nueva York hasta el 15 de enero del 2025, en una audiencia en la que el Juez Brian Cogan determinó que Frank Pérez continuaría como abogado del capo y que existía la posible negociación de un acuerdo para que se evitara un juicio.
Además, advirtió que el cofundador del Cártel de Sinaloa podría afrontar la pena de muerte, a pesar de que fue abolida en el estado de Nueva York en 2004, si el Gobierno de EE.UU. considera que por su participación en dicha organización delictiva trasnacional, clave en la crisis de sobredosis por fentanilo en Estados Unidos, incurrió en delitos federales graves, como asesinatos masivos o crímenes por terrorismo.
No obstante, el 1 de abril del 2025, la Fiscalía de los Estados Unidos dio a conocer que entablaba negociaciones con “El Mayo” para evitar un juicio y alcanzar un acuerdo de culpabilidad.
El cofundador del Cártel de Sinaloa tenía una audiencia agendada para el 16 de junio, pero el Juez Cogan anunció cinco días antes un aplazamiento de 60 días, hasta el 25 de agosto a las 12:00 horas tiempo local.
A través de una carta, firmada por el Fiscal Joseph Nocella Jr, se indicó que la postergación de la audiencia permitiría continuar con la revisión de materiales confidenciales y el posible avance hacia una resolución del caso, sin necesidad de llegar a juicio, lo cual se había explorado durante el proceso judicial en curso.
El documento enviado por la Fiscalía neoyorquina también señaló que las partes habían intercambiado información y estaban a la espera de la conclusión del proceso de pena capital, mientras se evaluaba si el caso requeriría procedimientos conforme a la Ley de Procedimientos de Información Clasificada (CIPA, por sus siglas en inglés), cuya aplicación continuaba en análisis.
Un año después: la memoria y el vacío
En la memoria colectiva de Sinaloa, el 25 de julio de 2024 ya no es sólo una fecha. Es un nodo de tensión, un punto de inflexión. Un día donde la muerte y la captura se cruzaron como dos ríos subterráneos.
Un político asesinado, cuya investigación se encuentra estancada. Un criminal veterano que salió de la sombra, no por fuerza del Estado, sino por voluntad de su entorno.
