Congreso eleva penas por asesinato de menores, periodistas y policías a 50 años de cárcel; delito tiene 91% de impunidad

El Congreso del Estado de Sinaloa aprobó una reforma al Código Penal con la que elevó las penas por homicidios, tanto simples como con agravantes, con la que pueden imponerse sanciones de hasta 50 años de cárcel.

En la modificación al artículo 134, donde se clasifica el homicidio simple, la pena por privar de la vida a una persona pasó de entre ocho a 22, a ser de 12 a 24 años de prisión.

El dictamen avalado por unanimidad también modificó el artículo 139, en la que señalan los agravantes del homicidio y se consideró una pena de 25 hasta 50 años de cárcel a quien asesine a menores de edad, a personas con actividad dentro del periodismo y a servidores públicos de las instituciones policiales.

Según el Diagnóstico Anual de la Incidencia Delictiva en Sinaloa de 2024, del Consejo Estatal de Seguridad Pública, el año pasado se iniciaron 805 carpetas de investigación por homicidio doloso en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral.

De esa cifra, se resolvieron solo 71 asuntos: 56 sentencias condenatorias por procedimiento abreviado, 14 sentencias condenatorias por juicio oral, cinco sobreseimientos y solo una sentencia absolutoria por juicio oral. Únicamente concluyeron el 8.8 por ciento de los delitos, para una impunidad del 91.2 por ciento.

“No estamos hablando de una reforma cualquiera, estamos hablando de reforzar el marco jurídico para proteger el derecho más elemental: el derecho a la vida, particularmente a quienes por su edad y condiciones requieren una tutela reforzada por parte del Estado”, expresó la Diputada Yeraldine Bonilla Valverde, presidenta de la Comisión de Justicia, que emitió el dictamen aprobado.

“Con esta reforma, el Congreso del Estado de Sinaloa no solamente endurece las penas, envía un mensaje claro y contundente: que en esta entidad no habrá tolerancia ante quienes arrebaten la vida de una niña, de un niño o de un adolescente”.

“Este dictamen es un esfuerzo colectivo que refleja la voluntad política de avanzar hacia un Sinaloa más seguro, más justo y con mayor sentido de dignidad humana”, manifestó Bonilla Valverde.

La reforma llega en medio de una crisis de seguridad que azota a Sinaloa desde septiembre del 2024. Desde esa fecha, han asesinado a 57 menores de edad y 45 policías estatales y municipales, tanto activos como retirados.

En el caso de los menores, hasta julio del 2025 han perdido la vida 34 niñas, niños y adolescentes como víctimas de ataques directos o como víctimas colaterales de hechos violentos, en el contexto de la ola de violencia provocada por una disputa entre clanes de la delincuencia organizada.

“Por Gael, por Alexander, por Danna Sofía, por Regina, por Leidy, por Alexa, por César, por cada niño que ya no está con nosotros y familia que aún vive con miedo. El dictamen que estamos a punto de votar es por ellos, por sus seres queridos que aún lloran una partida que no debería de ser.

“Y con ellos, más de 50 menores asesinados en apenas 10 meses. Cada uno de esos niños tenía un futuro, un sueño, una familia y ahora tienen un lugar en nuestra memoria y una exigencia hoy nos alcanza justicia”, señaló la Diputada Roxana Rubio Valdez.

Por los homicidios de agentes y ex agentes policiales, hasta junio la Fiscalía General de Sinaloa no reportó detenciones por estos crímenes.

Respecto a asesinatos de menores, una de las pocas detenciones de las cuales se tiene registro es la captura de un presunto implicado en el homicidio de Gael y Alexander, de 12 y 9 años, junto con su padre, Antonio, tras un ataque en el fraccionamiento Los Ángeles el 19 de enero.

“Sabemos que elevar las penas es un paso que estamos dando desde la Legislatura, pero que no es suficiente. Hemos hecho mesas de trabajo con Fiscalía porque sabemos que el gran reto también es reducir la impunidad, reforzar las agencias del Ministerio Público, fortalecer el profesionalismo de policías, fortalecer al personal para efecto de que no solamente se acorten los procesos, se hagan las detenciones y se establezcan las sanciones”, expuso la Diputada María Teresa Guerra Ochoa.

“Sabemos que la gran exigencia de la sociedad sinaloense es que como Poder Legislativo les respondamos haciendo estas reformas pertinentes”, enfatizó.