Cacería de ‘halcones’ en Sinaloa: Ley contra ‘punteros’ tenía 12 años en vigor y solo una detención
Juan Alfredo fue detenido por la Guardia Nacional en el Centro de Guamúchil por, presuntamente, observarlos al mismo tiempo que informaba a través de un radio sobre el patrullaje que realizaban. El 15 de mayo de 2025 la Fiscalía de Sinaloa lo presentó en un comunicado como la primer persona procesada penalmente bajo un Código Penal recién reformado para combatir a los “halcones”.
La figura de “halcón” o “puntero”, es la denominación popular que reciben personas que espían a las corporaciones de seguridad con el objetivo de entorpecer sus acciones, ya sea filtrando información a grupos delictivos, o para cometer delitos.
Para sancionar el delito, la norma considera los actos de acechar, vigilar, espiar, perseguir o proporcionar información sobre las actividades oficiales o personales de los elementos de seguridad pública, con fines ilícitos.
Esta Ley contra “punteros” existe en la entidad desde el 3 de julio del 2013, y se aprobó en “fast track”, luego de que se difundió un video en el que un escolta del ex Gobernador del Estado, Mario López Valdez, lo acusó a este y a funcionarios estatales de proteger al Cártel de Sinaloa.
No obstante, según una solicitud de información respondida por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, entre el 3 de julio del 2013, fecha en que se expidió la Ley contra “halconeo”, hasta el pasado mes de marzo, antes de esta última reforma, solo se tuvo registro de una detención por estos delitos, legalmente denominados “contra las actividades de seguridad pública y del estado”.
El 22 de abril del 2025, en medio de una pugna interna del Cártel de Sinaloa, la 65 Legislatura del Congreso del Estado aprobó una reforma al Código Penal, cuya única modificación en tema de “halconeo” fue incluir el acto de “perseguir” como un hecho punible.
Desde ese día, en menos de dos meses las corporaciones de seguridad pública y de persecución de delitos en la entidad han reportado la aprehensión y procesamiento judicial de hasta cuatro personas por presuntas labores de espionaje.
Antes de este cambio a la legislación local, se contaba con un antecedente del 2022, correspondiente a un hombre detenido por la Policía Estatal de Sinaloa el 5 de enero, porque los agentes notaron que este monitoreaba desde un domicilio las instalaciones de la Novena Zona Militar en Culiacán, y tras un cateo autorizado por un Juez, encontraron indicios que permitieron su vinculación a proceso.
A Juan Alfredo, primer detenido bajo la nueva Ley “anti halcones”, le aseguraron el radio por el que se supuestamente se comunicaba, y una cubeta con 40 ponchallantas.
El 25 de mayo de 2025, mientras elementos policiales, militares y navales retiraban vehículos sin placas de la vía pública, detectaron a un hombre identificado como José Oniel en la colonia Valle Alto, en Culiacán, quien estaba a bordo de una motocicleta y se comunicaba mediante un radio portátil. Según un informe de la FGE, intentó huir al ver a los oficiales, pero lo arrestaron y vincularon a proceso el 28 de mayo.
Ese mismo día, en la colonia Azteca de Mazatlán, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional vio durante sus recorridos a Kevin Geovani, también a bordo de una motocicleta y con un radio portátil. De acuerdo con la versión de la Fiscalía, quiso eludir a la autoridad, derrapó en su motocicleta, continuó su intento de huida a pie e incluso arrojó al suelo 10 ponchallantas, hasta que fue detenido. También le decomisaron dos bolsas de plástico con presunta marihuana, una batería de radio, un teléfono celular, y fue vinculado a proceso.
La Fiscal General de Sinaloa, Claudia Zulema Sánchez Kondo, explicó que hasta el momento todos los casos han sido por personas detenidas en flagrancia, es decir, que los elementos de seguridad se han percatado de que están siendo observados y presuntamente espiados.
“Pudiera la ciudadanía reportar, ya sea por denuncia anónima o presentarse ante el Ministerio Público y se inicia la investigación. Los cuatro casos que tenemos hasta ahorita han sido detenidos en flagrancia”, declaró el 28 de mayo pasado.
Las penas por cometer el delito de “halconeo” pueden ir de los cuatro años y seis meses hasta los 15 años de prisión, además de multas económicas que van de los mil a los dos mil días de salario de los imputados. En la reforma de abril del 2025 se incluyeron agravantes en casos de que se utilicen a menores de edad, adultos mayores o personas “que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o resistirlo”.
Ya los veían, pero no los detenían
El 21 de febrero del 2024, antes de la reforma al Código Penal y al estallido de la pugna criminal que azota a Sinaloa desde septiembre del 2024, el entonces Subsecretario de Seguridad en el Estado, Leoncio Pedro García Alatorre, aseguró que la presencia de “punteros” complicaba los trabajos de la Policía Estatal para prevenir los robos a vehículos.
Sobre ello, el mando policial denunció que en el número de “halcones” en la entidad rebasaba la capacidad humana de las corporaciones.
“Tenemos los lugares de más incidencia, los horarios, pero pues nos estamos dando cuenta que este fenómeno muda para otros lados.
“Desgraciadamente ya nos dimos cuenta, ustedes saben, que hay más ‘punteros’ que elementos de seguridad. Entonces pues traemos gente adelante de nosotros, prácticamente acompañándonos en los recorridos que hacemos y atrás de nosotros, es que saben todos nuestros movimientos”, acusó el ex Subsecretario.
Pese a las quejas del Subsecretario, y a que ya se contaba con una normativa en contra de estas conductas, la SSPE solo reportó vía solicitud de información una detención en 12 años por “halconeo”.
Faltaba ajustar Ley para detener
La presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, María Teresa Guerra Ochoa, impulsora de la reforma, justificó que previo a esta modificación legal el marco jurídico no era el apto para que las autoridades pudieran actuar e inhibir este acto.
En ese sentido, aseguró que con el incremento en el número de detenciones y vinculaciones a proceso contra presuntos “halcones”, quienes realizan estas prácticas verán que hay voluntad de erradicar la conducta.
“Teníamos más que nada omisión en cuanto a tener un tipo penal más pertinente, y que eso necesitaba un seguimiento, pero a lo mejor no le dieron la prioridad porque no estaban en las condiciones en que llegamos. Obviamente, si creció, sí se necesitaba el ajuste, si creció la presencia de personas dedicadas a eso.
“Lo que estás buscando es inhibir una práctica, no siempre es suficiente eso, ellos tienen que ver que las sanciones se están aplicando, que realmente hay esa voluntad jurídica y esta labor de Fiscalía y de las autoridades judiciales. Eso es lo que va a inhibir”, dijo.
“Lo que no podemos negar es que algo que no se venía aplicando, hoy ya se está aplicando. Es como un aprendizaje”, destacó Tere Guerra.
Deben combatirse delitos más graves
El Consejo Estatal de Seguridad Pública de Sinaloa consideró que, aunque se trate de un marco jurídico más sólido para inhibir el delito, las instituciones del Estado deben priorizar en lograr más arrestos y vinculaciones a proceso en delitos de mayor impacto.
El coordinador general del CESP, Miguel Calderón Quevedo, señaló que los crímenes con mayor alza en la crisis de seguridad que vive Sinaloa tienen que ser los más combatidos por las corporaciones.
“Históricamente habían tenido cero, entonces de cero a cinco sin duda es un salto cuántico, pero esperaríamos que no solamente en el tema del halconeo, sino en el tema de los otros delitos que realmente nos dejan luto y tragedia en el entorno.
“En nuestras pláticas con la Fiscalía fundamentalmente, que es quien debe integrar las carpetas de investigación, nos habían argumentado previo a esta última reforma la dificultad que tienen para entregar una carpeta lo suficientemente robusta y con argumentos de peso, para judicializar en el tema del halconeo.
“Diríamos que hay un avance, sin embargo, ocupamos ese nivel de avance no solamente en el halconeo, sino también en los demás delitos”, declaró.
Las otras formas de espionaje, sin castigados
El 21 de enero del 2025, autoridades federales implementaron un operativo en torno a un domicilio en la colonia Las Quintas, en Culiacán. Hallaron un centro de monitoreo clandestino que operaba con cámaras de videovigilancia colocadas en la vía pública.
El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Omar García Harfuch, afirmó que dicho inmueble era operado por la facción de “Los Chapos”, del Cártel de Sinaloa, y funcionaba desde al menos tres meses antes de ser asegurado. Tras el operativo detuvieron a seis personas.
A partir de ese día se implementó un operativo de retiro de cámaras colocadas de manera irregular en zonas públicas de todo Sinaloa, pues estas serían utilizadas por el crimen organizado. Hasta el 20 de junio, agencias de seguridad han hallado y desinstalado 2 mil 379 equipos de videovigilancia.
“No se ha detenido a persona alguna ni se ha levantado procedimiento contra persona alguna. Hay que recordar que estas cámaras están instaladas de manera clandestina en la vía pública, en mobiliario urbano, de manera que no hay un presunto responsable. Entonces será a quien corresponda lo que proceda jurídicamente”, explicó la vocera de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, Verona Hernández Valenzuela.
Derivado del hallazgo de estas cámaras irregulares, la última modificación al Código Penal de Sinaloa, en materia de “halconeo” también contempló sancionar la utilización de cualquier medio tecnológico, como las cámaras. Hasta este 20 de junio, esta nueva norma impulsada por el Legislativo no se ha reflejado en detenciones.
