¿Y los desaparecidos de la narcoguerra?
No se los tragó la tierra; fue la impunidad
Cuando la crisis de la seguridad pública en Sinaloa avanza a un año, con los altibajos que registra muy recientemente en homicidios dolosos y despojo de vehículos, la incidencia prácticamente inamovible de personas privadas de la libertad mediante el uso de violencia se posiciona como el delito más sensible para las familias y la sociedad entera. La infamia, agregada a las desgracias colectivas que de por sí trae la llamada narcoguerra, insta a diseñar operativos como los que comienzan a dar resultados en la atención a otros ilícitos.
Se trata de una de las encomiendas pendientes por resolver de parte del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, a quien la Presidenta Claudia Sheinbaum le asignó la pacificación de Sinaloa, una misión que debe concretar la localización y liberación de los desaparecidos. Para lograrlo necesita acudir a la Inteligencia Militar y a las fuerzas castrenses élite que han podido desencriptar algunos modus operandi del hampa local.
El hecho más reciente que conmociona a la opinión pública es el de la desaparición el 14 de agosto de tres integrantes de una familia que se dirigía a vacacionar a Mazatlán, siendo como último punto de localización la colonia 6 de enero, de la capital del estado. Como sucede en la mayoría de los casos, las víctimas dejan de estar visibles como si se las hubiera tragado la tierra, lo que evidencia la alta especialización de la delincuencia en este tipo de ilícitos.
Hasta ayer, cinco días después, las autoridades no ofrecían indicios de dónde y cómo están Denisse Alejandra Avitia Villa, de 29 años de edad; su tía Patricia Villa Olivas, de 47 años; y la pareja de ésta, Francisco Javier Quiñónez Gastélum, de 49 años. Ojalá que aparezcan sanos y salvos, ya sea por el éxito de las pesquisas de la Fiscalía General del Estado y de las instituciones de seguridad pública, o algún vislumbre de piedad en el narco, para apagar en buenos términos este foco de preocupación.
Sin embargo, el fenómeno de las desapariciones forzadas que registra un promedio de 5.4 víctimas cada día desde el 9 de septiembre a la fecha, inquieta por la manera en que la delincuencia organizada toma en cautiverio a tanta gente y los miles de militares y policías destacamentados en Sinaloa carecen de pistas para localizarlos y rescatarlos. En algunos casos de ubicación y recuperación de secuestrados los transgresores logran huir añadiéndole la inacción de la justicia a lo de por sí impune.
El enigma consiste en descifrar cómo se esfuman de la vigilancia citadina los grupos de personas privadas de la libertad y convoyes de sicarios que las “levantan”. Qué pasa con el seguimiento que las cámaras de videovigilancia deben aportar para el seguimiento de los delitos, los testigos incidentales que siempre los hay y cómo esquivan los perpetradores el sitio militar y policial que es evidente en ciudades como Culiacán y Mazatlán.
Las autoridades dan la impresión de atenerse a la posibilidad providencial de que los delincuentes liberen a los retenidos como ha ocurrido en las raras veces que las víctimas corren con tal suerte y regresan a sus hogares. Al ser así y pese a desenlaces “afortunados”, prevalece la debilidad institucional que alienta a los maleantes a reincidir y le patentiza la desprotección a la población de bien. Detrás de cada caso de desaparición violenta hay bastantes cegueras confabuladas.
Este eslabón roto de la seguridad pública potencia la alarma debido al alto número de personas y familias afectadas, pero sobre todo por la ausencia de estrategias que sí han funcionado en la contención de otro tipo de quebrantamientos de la Ley, como homicidios dolosos y delitos patrimoniales, pero son esfuerzos fallidos en lo que toca a desapariciones forzadas.
En síntesis, lo que resalta es la urgencia de mayor compromiso del Gobierno con las familias que no tendrán paz hasta hallar a sus desaparecidos, mejor solidaridad ciudadana con una causa que trasciende a los hogares afectados e invade a la colectividad sinaloense, y asumir que las más de mil 800 privaciones ilegales de la libertad configuran la convocatoria a salir unánimemente a detener esta crisis humanitaria.
Porque les tatuaron sus estelas,
A las ciudades en el corazón,
Ahora viven en las plazuelas,
La República y la Obregón.
De cero casos de homicidios dolosos reportados en Sinaloa el sábado y domingo 15 y 16 de agosto, el lunes las muertes por armas de fuego subieron a cinco, desquiciando la estadística criminal para que la paz no sea tendencia y prosiga como entelequia en la aspiración común por el cese al fuego interno en el Cártel de Sinaloa. Mientras tanto, en los dominios de Donald Trump sucede el pacto en el cual Ismael Zambada García se declararía culpable de los cargos criminales que le imputa el Gobierno de Estados Unidos, y así se salva de la sentencia de pena de muerte. “El Mayo” le gana la partida al inquilino de la Casa Blanca que fanfarroneaba con narcoterrorismo y acabó aceptando la negociación.
