Vargas en su enredo; la destitución va
A diferencia de los casos de Jesús Estrada Ferreiro en Culiacán, y Luis Guillermo Benítez Torres en Mazatlán, con juicios todavía abiertos por manejos irregulares de recursos públicos, en la acusación contra Gerardo Vargas Landeros, Alcalde de Ahome, fue la Auditoría Superior de la Federación la que le detectó primero la compra anómala de vehículos para hacer la función de patrullas, sin que el Ayuntamiento pudiera comprobar que las unidades prestaran dicho servicio, o que siquiera existieran en físico.
En teoría, en el correspondiente contrato con la empresa Grinleasing S.A.P.I. de C.V., que firmaron el Alcalde Gerardo Vargas y el Secretario del Ayuntamiento, Genaro García Castro, sí existe la operación del arrendamiento de los 126 carros. En los hechos las evidencias fueron negadas cuantas veces solicitaron las auditorías federal y estatal las pruebas materiales de la existencia de los automotores y del beneficio que significan para los ciudadanos.
Esto es lo que hace posible que los partidos con bancada en el Congreso del Estado carezcan de los elementos de defensa a quien fuera Secretario General de Gobierno en el mandato que presidió Mario López Valdez, de 2011 a 2016. Para darse una idea de lo contundente del expediente en poder de la 65 Legislatura que sustenta la solicitud de declaratoria de procedencia del juicio político contra Vargas Landeros, hasta el Partido Acción Nacional, autor del malovato, decidió hacer público ayer que votaría a favor del proceso de destitución.
Probablemente los partidos Revolucionario Institucional y Sinaloense también contribuyan a aplastar a Vargas Landeros y su estrategia de decirse víctima de persecución política de parte del Gobernador Rubén Rocha Moya. Carecen de margen de maniobra para ir en socorro del clan del trébol de cuatro hojas debido al gravísimo error de utilizar de manera opaca e intangible los recursos federales destinados para la seguridad pública. Eso es lo que hunde al Edil ahomense y seguramente lo obligará a enfrentar sentencias como la inhabilitación para desempeñar cargos de gobierno y la reparación del daño causado a las finanzas públicas.
La estratagema de Vargas, similar a la que utilizaron Jesús Estrada y Luis Guillermo Benítez al presentarse como víctimas de vendettas políticas, pierde sentido por tratarse la auditoría de la ASF de una revisión no focalizada en el tema de las patrullas rentadas sino que el universo de fiscalización comprendió una muestra de 70 millones de pesos correspondientes a las adquisiciones, arrendamientos y/o servicios. De allí derivó la gran cuestión: ¿en dónde están o a qué funcionarios se les asignaron los 25 vehículos Pick Up 4x4, las 40 motocicletas de dos ruedas, las seis cuatrimotos, los 15 automóviles y las 40 Pick up 4x2 que se rentaron por 35 meses con un costo total de 171 millones de pesos, con pagos mensuales de 8 millones de pesos?
Según los resultados de la auditoría de cumplimiento 2023-D-25001-19-1836-2024, referente a participaciones federales a municipios, la ASF determinó en el pliego de observaciones la presunción “de un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública por un monto de $14’502,454.56, más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro, por realizar pago del contrato sin que se cuente con el debido resguardo actualizado de las unidades, la evidencia fotográfica de los vehículos en su estado actual, ni la vigencia de que los vehículos arrendados estuvieron al servicio del municipio durante todos los meses pagados con las Participaciones Federales a Municipios 2023”.
Luego la ASE colocó su lupa sobre esta cloaca de probable corrupción con el hallazgo de que la contratación se realizó mediante el procedimiento de adjudicación directa con invitación a cuatro proveedores, debiendo ser por el procedimiento de licitación mediante convocatoria pública, y además encontró una serie de irregularidades como la opacidad derivada de que la información referente a las características físicas y materiales de las unidades se consideró de carácter reservado en versión pública del correspondiente contrato.
Los defensores de oficio y los oficiosos, que se especializan en encubrir a funcionarios corruptos, deberían tomarse la molestia de revisar los expedientes con los que las auditorías mayores federal y estatal determinan responsabilidades penales y administrativas para Gerardo Vargas. ¿O de plano postulan que los empedernidos desfalcadores de erarios sean intocados por la Ley y alentados por la impunidad a perpetrar rapiñas infinitas?
Si en el establo de Morena,
Vargas era un caballo bueno,
Por qué irse a cuadra ajena,
A canjear gloria por averno.
Ahora que están en modo fast track las diputadas y los diputados de la 65 Legislatura podrían atender las iniciativas y exigencias que proponen modificar la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado para adicionarle lo concerniente a la creación de la Fiscalía Especializada en la Protección de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, clausurando la inexplicable abulia en atender el mandato de la Ley en la materia, como si estuvieran en espera de algún ataque grave a estos gremios y entonces sí mostrarse como eficaces protectores de la libertad de expresión y la lucha social. Esto les llevaría menor tiempo que el que los ocupa en desaforar a presidentes municipales.
