Trabajo infantil en México: avances, retos y el desafío para prevenirlo en las comunidades
Erradicar el trabajo infantil ha sido, desde hace décadas, uno de los compromisos más importantes que los Estados asumieron al formar la comunidad internacional; México no ha sido la excepción. Hemos ratificado los principales instrumentos internacionales en la materia -Convenio 138 sobre la edad mínima de admisión al empleo y el Convenio 182 sobre las peores formas de trabajo infantil, ambos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)-, desarrollando un marco normativo robusto y creando políticas públicas cada vez más adecuadas para enfrentar esta problemática.
Sin embargo, el desafío hoy no es de normatividad ni de narrativas, sino de implementación a nivel estatal y municipal. Aunque hay avances significativos, el trabajo infantil persiste en miles de comunidades del país, especialmente en aquellas marcadas por carencias sociales como pobreza, exclusión e informalidad. La realidad que enfrentamos es un desfase entre las obligaciones legales del Estado mexicano y la capacidad de aterrizarlas en acciones sostenidas y coordinadas a nivel local.
La situación es preocupante. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI) 2022, 3.7 millones de niñas, niños y adolescentes en México realizan trabajo infantil, y de éstos, 1.1 millones están en trabajos peligrosos o prohibidos por la ley. Estas cifras nos revelan una realidad innegable: cumplir con el objetivo 8.7 de la Agenda 2030 -erradicar el trabajo infantil para el año 2025- es algo irrealizable. Es evidente que no se ha alcanzado el objetivo e incluso en algunos contextos la situación se ha agravado, principalmente tras los impactos económicos y sociales derivados de la pandemia por Covid-19. Por esto extraña que lejos de haberse implementado acciones de alto impacto para mitigar estos efectos, muchas de las estrategias quedaron en el papel o en iniciativas de alcance limitado.
Es importante reconocer que se han dado pasos importantes a nivel de política pública. Por primera vez en la historia, el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 incluyó estrategias explícitas para atender el trabajo infantil. Esto representa un cambio significativo respecto a la importancia que he tenido en administraciones previas y demuestra un avance en la visibilización de la problemática.
En este panorama, el gran reto continúa siendo la implementación a nivel local. Aunque la Federación diseñe estrategias, emita lineamientos y coordine políticas, la ejecución depende en gran medida en los gobiernos estatales y municipales y es aquí donde existe el mayor riesgo de que la cadena de acción se rompa. En muchos estados y municipios, los equipos interinstitucionales para prevenir y atender el trabajo infantil son reducidos y carecen de los recursos necesarios o de los conocimientos-capacidades técnicas necesarias para actuar con enfoque de derechos de niñez.
Las áreas de inspección del trabajo son claves para prevenirlo y erradicarlo, pero enfrentan limitaciones y en múltiples ocasiones sus actividades enfrentan realidades que disminuyen la efectividad de su labor; sumado a ello, el número de inspectores laborales es considerablemente bajo si se compara con el volumen de centros de trabajo y la dispersión territorial del país, y que la reciente reforma en materia agrícola mandata inspeccionar los campos agrícolas al menos una vez al año. A nivel nacional, según cifras de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, hay alrededor de mil inspectores para cubrir más de 5 millones de unidades económicas. En la práctica, esto significa que la probabilidad de que una situación de trabajo infantil sea detectada, investigada y atendida por los canales formales es mínima.
A pesar de esto, existen experiencias locales que demuestran que sí es posible actuar con eficacia. El caso de Querétaro, por ejemplo, destaca por la implementación de un Protocolo de detección, prevención y atención de trabajo infantil que incluye acciones específicas para identificar y atender situaciones de riesgo, así como mecanismos de coordinación con otras instituciones, como las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Por su parte, en el Estado de México se ha desarrollado una ruta intermunicipal para la atención del trabajo infantil, que busca articular esfuerzos entre municipios colindantes que comparten dinámicas económicas y sociales similares. Estas experiencias, si bien acotadas, ofrecen una hoja de ruta valiosa sobre cómo construir modelos de intervención interinstitucionales, eficaces y sostenibles.
Desafortunadamente, estas buenas prácticas son la excepción. Para lograr un cambio estructural, se requiere avanzar hacia una política pública que establezca obligaciones específicas para cada nivel de gobierno, desde el federal hasta los municipios. Esta política debe ir más allá de los lineamientos generales existentes y contemplar mecanismos vinculantes que obliguen a cada nivel de gobierno a asumir responsabilidades concretas. Asimismo, es indispensable avanzar en la instalación y fortalecimiento de las Comisiones Interinstitucionales para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil (CITI) locales, que sumen la participación de los municipios, sector privado y sector social de la entidad para que sean herramientas efectivas de coordinación intersectorial y esfuerzos multisectoriales.
Es necesario abordar el trabajo infantil como una consecuencia y no una causa de las condiciones socioeconómicas en las regiones. Por tanto, las intervenciones más efectivas serán aquellas que aborden sus raíces estructurales: la pobreza, la exclusión social, la falta de acceso a educación de calidad, la discriminación, la violencia y la informalidad laboral. Este abordaje requiere necesariamente, la participación activa de todos los sectores: gobiernos, empresas, organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, academia y comunidades. Cada actor tiene capacidades, recursos y ámbitos de acción distintos, y es justamente esta diversidad la que permite construir intervenciones más completas y sostenibles.
Estamos a meses de que finalice 2025 y es claro que no lograremos erradicar el trabajo infantil. Sin embargo, existe la oportunidad de construir una política pública transexenal, que coloque a las niñas y los niños en el centro de las decisiones, que fortalezca las instituciones competentes, capacite al personal y, sobre todo, genere la política necesaria para actuar con decisión. Cada niña y cada niño que hoy trabaja representa una oportunidad para garantizar sus derechos y crear un buen presente y un mejor futuro.
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El autor es Miguel Ramírez Sandi, coordinador de Incidencia Política en Protección de la Niñez de Save the Children (@SaveChildrenMx), organización independiente líder en la promoción y defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
