Reformas a la Ley General en Materia
de Desapariciones, sin avance sustantivo
Fueron aprobadas las reformas a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda. Lamentablemente, esas modificaciones no representan un avance sustantivo para la causa de las víctimas.
Como se recordará, luego de que los hallazgos de Teuchitlán sacudieran al País, la administración federal se vio obligada a adoptar algunas acciones frente a la crisis de desapariciones, que había sido negada y relegada como un tema no prioritario al inicio del sexenio.
Así, la Presidenta Claudia Sheinbaum dio un claro mensaje de que el tema sería priorizado, lo que muchos actores celebramos. Enseguida se promulgó un decreto para fortalecer a la Comisión Nacional de Búsqueda y también se presentó una iniciativa de reformas a la Ley General en materia de Desapariciones que, como es sabido, data de 2017 cuando se aprobó luego de una intensa movilización de las familias y con el antecedente inmediato de Ayotzinapa.
La iniciativa inicial de esta administración, sin embargo, se diseñó y elaboró sin el menor diálogo con las familias y sin recoger realmente los aprendizajes del inmenso déficit de aplicación de la ley de 2017. También dejó de lado aspectos esenciales de las recomendaciones planteadas por el Comité de la ONU sobre las Desapariciones Forzadas (Comité CED), indispensables para desarrollar una Política Nacional para Prevenir y Erradicar las Desapariciones. Por ello, y porque la iniciativa presentaba limitaciones, múltiples colectivos de familiares en búsqueda demandaron un espacio de deliberación sobre la propuesta.
En un gesto de prudencia política, la Presidenta instruyó a la Secretaría de Gobernación abrir una serie de mesas con algunos colectivos, algo de suyo complejo pues no existe una sola expresión unificada de alcance nacional de las familias. Los diálogos avanzaron, lo que siempre hay que saludar.
Sin embargo, el proceso entró en una fase de aceleración en la que el centro fueron las coyunturas políticas y no el cuidado de los tiempos y los procesos de las víctimas. Fue así que se determinó que la Ley sería discutida en el periodo extraordinario que inició la semana pasada, caracterizado por la sobresaturación de la agenda y por la inclusión de varias reformas preocupantes para los derechos humanos, como las relacionadas con la Guardia Nacional militar.
Peor aún, los cambios introducidos a la iniciativa primigenia resultaron ser en términos generales bastante menores, preservando la iniciativa del Ejecutivo sus falencias iniciales. Sobre todo, se preservó un punto de partida errado: el de suponer que la crisis de desapariciones es de cifras y que se resolverá interconectando bases de datos. Ese supuesto es evidente si se considera que el corazón de estas reformas está en la Plataforma Única de Identidad y en la eliminación del reporte administrativo por desaparición.
El diseño de la Plataforma Única de Identidad parece estar más vinculado a la idea de mayor control digital sin salvaguardas, que se perfila en otras de las leyes discutidas en este periodo, y en poco o nada beneficiará a los casos de las personas desaparecidas de larga data. La eliminación del reporte administrativo de desaparición orillará a que se contabilicen, sobre todo, las carpetas de investigación que se inicien tras la denuncia, y como en muchas regiones del País no hay mínimas condiciones para denunciar, traerá una disminución de las cifras. Sin duda el reporte administrativo previsto por la ley desde 2017 podría mejorar para ser más fiable, pero eliminarlo es un retroceso.
En las reformas aprobadas también han quedado de lado otras cuestiones fundamentales. Por ejemplo, en nada se avanza en fortalecer normativa y presupuestalmente al Centro Nacional de Identificación Humana, que pese a ser una vía plausible para enfrentar el rezago forense, permanece abandonado.
No extraña por ello que sean numerosos los colectivos que han cuestionado este proceso y que han señalado que no se recogieron sus propuestas. En efecto, revisando a detalle las reformas, salvo algunos pequeños cambios positivos, la realidad es que no hay avance sustantivo.
Peor aún: en una perspectiva de largo plazo, claramente este ciclo de reformas sirvió para desmovilizar la indignación por Teuchitlán, para neutralizar voces que exigían la renovación de cuadros en derechos humanos que se requería al inicio del sexenio, y para que el Estado -al enfrentar el examen al que le ha sometido el Comité CED- argumente que sostiene diálogos con familiares y que ha impulsado reformas relevantes.
Incluso cabe decir que se retrocedió en terreno ganado: que las reformas se hayan aprobado en vía fast track dentro de este atribulado periodo extraordinario, impidió que la voz de las familias tuviera espacio en el foro legislativo.
En suma, no hay nada que festejar sobre lo aprobado en la Cámara Alta y de Diputados. Una pena porque la magnitud de la crisis demandaba medidas más profundas y porque difícilmente habrá más reformas en el sexenio. Desde luego, las familias -todas las familias- tienen toda legitimidad de decidir lo que mejor les parezca en su interlocución con el gobierno.
No es ahí a donde hay que dirigir el cuestionamiento. Es más bien hacia las autoridades que condujeron el proceso y hacia el acompañamiento técnico que estuvo en las mesas. Cabe reflexionar sobre esto último a la luz del relajamiento de la exigencia ante la actual configuración política que se observa en diversos actores: hay que decir que condescender ante el poder en turno no ayuda a la causa de las víctimas, menos en el proceso de erosión de la institucionalidad democrática que vive México y, sobre todo, menos en el marco de la enorme y dolorosa crisis de desapariciones que no cesa. Las y los desaparecidos merecen más de todas y todos nosotros.
