Reforma Electoral: Plan A, B, C y ahora D

Durante los últimos años el tema de una reforma electoral ha estado en el aire y aunque hasta ahora no se ha logrado hacer realidad, nuevamente se abre el debate. Hace unas semanas se creó mediante decreto la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, con la intención de buscar la validación popular de un nuevo proyecto de reforma electoral (aquí puedes consultar nuestro análisis del decreto). La Comisión encabezada por Pablo Gómez tiene como objetivo elaborar la propuesta de reforma a partir de foros, debates y encuestas, aunque pareciera que buscarán hacer un ejercicio plural, el propio titular de la Comisión ha señalado que “el gobierno utilizará su fuerza política para aprobar la próxima reforma en la materia”.

La pregunta que surge ante este nuevo intento de reforma es: ¿qué se incluirá en la propuesta? Y ¿qué tan de fondo será la reforma? ¿Los cambios van a ser sustantivos o solo superficiales? Y, sobre todo, ¿buscarán fortalecer el sistema electoral o solo al partido en el gobierno?

Es difícil contestar las preguntas anteriores a partir de la información disponible, aunque lo que sí podemos hacer es revisar las propuestas que ya se han hechopara buscar darnos una idea de por dónde puede venir este nuevo intento de reforma.

El llamado Plan A, presentado en noviembre de 2022, y redactado por Horacio Duarte y Pablo Gómez, tenía como propósito la reducción de los costos de las elecciones y de la posibilidad de fraude electoral. Para ello se planteó la creación del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC); reducción de 11 a 7 consejerías -elegidas por voto popular-; reducción del periodo del cargo de 9 a 6 años, así como la desaparición de los Organismos Públicos Locales (OPL); revocación de mandato con el 33 por ciento de participación; reducción de legisladores/as a 300 diputaciones y 96 senadurías (tres por entidad), todas electas mediante representación proporcional; eliminación del financiamiento público de partidos para actividades ordinarias; gastos de campaña calculados multiplicando la lista nominal por el 65 por ciento del valor diario de la UMA para elecciones intermedias y por el 100 por ciento para elecciones presidenciales; disminución de tiempos en radio y televisión; reducción de diputaciones locales y regidurías.

El plan B buscaba solo modificar las leyes secundarias, y en este se planteó la reducción de la estructura del INE, reducción del 80 por ciento del personal del Servicio Profesional Electoral Nacional; reducción de órganos distritales de 300 a 264; convertir los OPL en organismos supeditados al INE; la creación del Procedimiento Único de Queja en Materia Electoral; eliminación de la franquicia telegráfica de los partidos; modalidad electrónica solamente para voto en el extranjero; unificación del PREP con cómputo y transmisión en tiempo real al finalizar la jornada electoral; separación del cargo a legisladores/as en caso de reelección; desaparición de fideicomisos del INE, entre otros. Esta reforma fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte.

El plan C, presentado en febrero de 2024, retomaba las propuestas del plan A, por lo que requería de una mayoría calificada para modificar la Constitución y ello dependía de los resultados de la elección de ese año. Se proponía, nuevamente, la creación del INEC con consejerías elegidas popularmente; reducción de consejerías en cantidad y duración del periodo del cargo; desaparición de los OPL; reducción al 30 por ciento de participación de la lista nominal para validar consultas populares y revocación de mandato; un Congreso de la Unión integrado por 300 diputaciones y 64 senadurías electas por mayoría relativa (desaparición de plurinominales); reducción del 50 por ciento al financiamiento público de partidos para actividades ordinarias, regulando las aportaciones privadas y fijando el monto anual multiplicando la lista nominal por el 33 por ciento del valor diario de la UMA; aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y Comunicación para mecanismos de participación ciudadana; reducción de diputaciones locales y regidurías, según el número de habitantes, y la posibilidad de crear partidos políticos cada tres años (para conocer más sobre el plan A, B y C en el Laboratorio Electoral realizamos un análisis comparativo).

Derivado de algunas declaraciones emitidas por la Presidenta y el propio Pablo Gómez, así como de los antecedentes de propuestas de reforma que han sido descritas, advertimos que al menos son 5 los aspectos que muy posiblemente considerarán en la propuesta de reforma electoral son:

1. Reducción de costos de las elecciones. El Gobierno y su partido tienen como principio fundamental la austeridad republicana, y por ello en todas las propuestas anteriores una de las premisas ha sido la reducción de costos, esto a través de modificar el número de consejerías en el INE, ajustes a su operación y acotar su presupuesto, también la desaparición de los llamados OPLEs, así como la reducción al financiamiento de los partidos políticos. Transitar en este camino puede significar el debilitamiento del sistema electoral en muchos sentidos, pero sin duda serán temas fundamentales para la reforma.

2. Ajustes en la autoridad electoral. Otra coincidencia en las propuestas han sido los cambios en los mecanismos de designación de consejeros y consejeras electorales, a través de la elección de consejerías mediante el voto popular, así como reducir el periodo de duración de su encargo y el número de integrantes del Consejo General. La repercusión de este cambio sería significativa para la autonomía e independencia de la autoridad electoral, así como para su legitimidad y credibilidad. Como ya vimos las elecciones judiciales no fueron un ejemplo de integridad electoral, por lo que, de las elecciones de consejerías electorales, se podría prever un escenario similar.

3. Cambios a la representación en el legislativo. En todas las propuestas han buscado modificar la representación en el legislativo, principalmente a través de la reducción de integrantes del Congreso de la Unión. Aunque se ha propuesto desaparecer a los plurinominales, también se ha planteado transitar a un sistema solamente de representación proporcional. Este aspecto también podría impactar en lo local, tanto en los Congresos como en los cabildos municipales. Se trata de un cambio sustancial que tendría un impacto significativo en la representación y la pluralidad política. El caso más ejemplificativo sería Movimiento Ciudadano quien actualmente cuenta con 26 diputaciones y que, si se eliminara la representación proporcional, solo quedaría con uno.

4. Uso de nuevas tecnologías. Las propuestas se han ocupado en plantear el uso de nuevas tecnologías para las elecciones, lo cual podría impactar desde los mecanismos de votación, hasta en la transmisión de resultados electorales. La implementación de TIC para elecciones y/o mecanismos de participación ciudadana puede resultar favorable, pero es necesario un análisis de su viabilidad, ya que existe incertidumbre sobre los costos, métodos de su aplicación, almacenamiento, y la seguridad y confiabilidad de los mismos.

5. Sistema de partidos políticos. También se ha planteado modificar la temporalidad para la creación de partidos políticos; actualmente solo se puede hacer cada seis años y la propuesta podría ir en el sentido de reducir este tiempo para que periódicamente se puedan estar conformando nuevas fuerzas políticas.

Modificar las reglas de acceso al poder requiere de un amplio consenso político, así como de una búsqueda de evolución positiva. La implementación de una reforma debe basarse en un diagnóstico exhaustivo que contemple tiempos, plazos y costos. Por ello consideramos imprescindible que esta nueva reforma no se limite a reciclar las propuestas que fueron rechazadas en 2022 y 2024, sino que se genere una propuesta genuina que busque el fortalecimiento de las libertades políticas y elecciones bajo principios de integridad.