Primer informe de gobierno, un balance
a 11 meses
Como marca la Constitución, el 1 de septiembre se entregó el informe de gobierno del Ejecutivo federal. En esta ocasión, no se cumple un año completo de administración, sino apenas 11 meses. Aunque podría parecer un detalle menor, en política un mes sí puede marcar diferencias en el cumplimiento de plazos y promesas. Sin embargo, este gobierno se presenta como la continuidad natural del sexenio pasado, por lo que gran parte de los logros que se exhibieron en Palacio Nacional derivan de lo que se ha denominado la Cuarta Transformación.
En México, la continuidad de programas y políticas suele ser la excepción y no la regla. Aun cuando las diferencias ideológicas entre gobiernos no son siempre profundas, la práctica ha sido cortar y recomenzar.
Por eso no es menor que el discurso del informe retomara el proyecto heredado y lo presentara como resultado exclusivo de la nueva administración. Como es costumbre, la ceremonia se envolvió en un ambiente de júbilo y triunfalismo, que contrastó con la realidad que enfrentan millones de personas en el país.
Conviene recordar que la utilidad del informe no es la celebración política, sino la rendición de cuentas. No obstante, al igual que ocurre en las conferencias matutinas, este ejercicio se utilizó para destacar lo positivo sin reconocer deudas pendientes.
De ahí la importancia de que existan voces críticas que contrasten la información, la dimensionen y la difundan, con el único objetivo de exigir resultados en un marco democrático. En este sentido, Causa en Común ha señalado diversos riesgos y retrocesos en materia de seguridad durante el primer año de este sexenio.
El Sistema Nacional de Seguridad Pública sigue sin operar de manera efectiva. Ni el Secretariado Ejecutivo ni el gobierno federal ni los gobiernos locales cumplen con sus obligaciones en cuanto a la promoción del desarrollo policial, ministerial y penitenciario. El Consejo Nacional de Seguridad Pública funciona como una simulación: emite acuerdos vagos y sin consecuencias ante su incumplimiento.
a) Policías
Los fondos federales destinados a las policías estatales y municipales en 2025 resultaron insuficientes para atender corporaciones que sobreviven en condiciones precarias. Según Causa en Común, la mitad de las policías estatales carece de un servicio profesional de carrera; la mayoría incumple con los sistemas de seguridad social establecidos en la ley, y persisten limitaciones en equipamiento, infraestructura y capacidades de supervisión.
Entre octubre de 2024 y agosto de 2025 se documentaron 69 movilizaciones policiales: 35 paros, 32 manifestaciones y cinco emplazamientos a paro, casi todas vinculadas a malas condiciones laborales. A esto se suma un dato alarmante: en el mismo periodo fueron asesinados al menos 338 policías, es decir, más de uno por día.
b) Fiscalías
Las fiscalías estatales siguen sin consolidar su autonomía. Los mecanismos de designación y remoción de fiscales permiten la injerencia directa de los Ejecutivos estatales. Los procesos de profesionalización muestran deficiencias, y no existen garantías sólidas para el régimen disciplinario ni para los denunciantes dentro de la institución. Persiste opacidad sobre los controles de confianza y la carrera ministerial carece de mecanismos de promoción basados en mérito.
c) Penales
La población penitenciaria continúa en ascenso. De mantenerse la tendencia, para diciembre de 2025 habrá cerca de 272 mil personas en cárceles estatales, lo que representa un incremento de 57 mil respecto al año anterior. El 40 % de ellas estaría privada de la libertad sin sentencia. El aumento de la prisión preventiva automática explica gran parte del problema. Sin embargo, este crecimiento no se acompaña de una expansión de la infraestructura penitenciaria, lo que agrava la crisis de gobernabilidad en los centros de reclusión.
La atención a las víctimas se encuentra debilitada. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos perdió independencia y relevancia al estar subordinada al Ejecutivo. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y las comisiones de búsqueda carecen de presupuesto, facultades y voluntad política. Ante ello, las víctimas y sus familias siguen enfrentando su tragedia prácticamente solas.
El inicio de funciones de una Suprema Corte y de órganos judiciales cuestionados por su origen electoral ha profundizado las dudas sobre la independencia judicial. Las mayorías legislativas obtenidas de manera irregular permiten la designación de jueces y magistrados cercanos al gobierno, lo que mina la autonomía judicial y erosiona la división de poderes. Sin autonomía judicial no puede hablarse de un régimen democrático sólido.
IV. Militarización creciente
La militarización de la seguridad pública quedó plasmada en la Constitución. Sin embargo, no existen controles efectivos sobre la actuación de las Fuerzas Armadas, ni se ha reducido la inseguridad. Por el contrario, se amplió su participación en ámbitos civiles ajenos a la esfera militar, eliminando límites y reforzando un modelo que resulta incompatible con la democracia.
La diferencia entre el discurso oficial y los hechos se observa también en las estadísticas. Sólo siete de cada 100 delitos se denuncian, pero además hay indicios de manipulación de cifras: omisiones en registros, reclasificación de delitos y comparaciones a modo.
Algunas entidades muestran anomalías. En Colima, entre enero y julio de 2025, los homicidios dolosos disminuyeron 28%, mientras los homicidios culposos (accidentes) aumentaron 32%. En Chihuahua la reducción fue de 12% en homicidios dolosos, pero con un alza de 16% en culposos. En Morelos, los homicidios dolosos bajaron 33%, pero los culposos subieron 42%.
En la categoría de “otros delitos contra la vida y la integridad” se registró un aumento de 3% en el mismo periodo. En Aguascalientes, los números son particularmente llamativos: se reportaron 7,364 víctimas en esa categoría y 81 de homicidio culposo, frente a 67 de homicidio doloso. También destaca el incremento de las desapariciones, con 13 % más casos que en 2024.
La violencia extrema tampoco cede. De octubre de 2024 a julio de 2025, Causa en Común documentó en medios 4,058 atrocidades, incluyendo 1,191 casos de tortura, 478 descuartizamientos, 351 masacres, 156 calcinamientos, 415 asesinatos de mujeres con crueldad y 199 asesinatos de niños.
Nada nuevo bajo el sol. El primer informe de este gobierno refleja más un ejercicio de propaganda que un acto de rendición de cuentas. El abandono del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la precariedad de policías y fiscalías, el crecimiento de la población penitenciaria, la desatención a víctimas, la debilitada independencia judicial y la expansión del papel de las Fuerzas Armadas son señales preocupantes.
A ello se suma la manipulación estadística y la violencia cotidiana que viven comunidades en todo el país. A once meses de iniciado este sexenio, el balance en materia de seguridad y justicia es desalentador: más inseguridad, menos contrapesos y un mayor riesgo de autoritarismo.
