Omar García Harfuch y el enfoque institucional de supervisión externa

El prestigio que podría acumular Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, sería difícil de dimensionar si la mayoría de la sociedad llegara a percibir que México empieza a salir de la crisis de seguridad que arrastra desde hace casi dos décadas.

Varios analistas políticos —cercanos o no a grupos de poder— me han señalado con creciente frecuencia que ese escenario lo colocaría de forma natural en la antesala de la candidatura presidencial, con altas probabilidades de ganarla. No faltan tampoco versiones que aseguran que ese es, en efecto, su objetivo.

Es imposible hablar de un funcionario que sobrevivió a un brutal atentado sin que el juicio público esté atravesado por una fuerte carga emotiva.

Más aún cuando, tras aquel ataque fallido, García Harfuch continuó al frente de sus tareas en la Ciudad de México y, posteriormente, asumió la coordinación de la política de seguridad pública nacional.

Para quienes creemos que el verdadero núcleo de la crisis de seguridad y justicia en México está en la fragilidad institucional —producto de un sistema político que manipula extralegalmente a los aparatos encargados de construir seguridad, justicia y paz—, la figura del secretario, marcada por la narrativa del héroe, nos coloca en una disyuntiva de enormes consecuencias.

Puede utilizar su influencia para la reconstrucción institucional o puede evadirla.

Al poner a prueba mis hipótesis en conversaciones informales, noto un patrón: cuando surge el nombre del actual secretario, predominan opiniones favorables. Pero si pregunto qué opinan de él desde la perspectiva de la calidad de la institución que encabeza, la reacción más común —entre personas no especializadas— va del silencio a un desconcertado “¿de qué hablas?”.

Incluso entre especialistas en seguridad, la carga emotiva positiva tiende a imponerse como una premisa incuestionable.

En esos casos, cualquier intento de analizar al personaje desde el prisma institucional suele encontrarse con la descalificación explícita o velada de quienes consideran que, “quien no ha vivido una experiencia como la suya”, carece de legitimidad para opinar. Intuyo que no faltará quien lea este texto de la misma manera.

Es cierto: el enfoque institucional resulta menos atractivo, incluso aburrido, cuando se contrasta con relatos de heroísmo. Pero esa es, en realidad, la discusión más importante. Porque las personas van y vienen, mientras las instituciones permanecen.

Y si bien la seguridad ciudadana sostenida depende en parte de liderazgos excepcionales, depende aún más de que esos liderazgos contribuyan a construir instituciones profesionales, sólidas y estables.

De ahí que el debate no sea si García Harfuch merece reconocimiento por su desempeño, sino qué está haciendo para fortalecer a la institución a su cargo —y a otras bajo su influencia— con el fin de transformar culturas organizacionales marcadas por la incompetencia, la corrupción y la impunidad, hacia una auténtica gestión basada en estándares éticos y profesionales acordes con un Estado constitucional de derecho.

Ya desde 1990 nos tocaba ver a múltiples policías y procuradurías —hoy fiscalías— donde se sucedían los cambios de personal bajo la promesa de “saneamiento institucional”, promesa que se incumplía una y otra vez por el desequilibrio entre la apuesta en los liderazgos -en el mejor de los casos- y la ausencia de reingeniería organizacional y de procesos, atravesada por la falta de rendición de cuentas.

Sustituir personas es mucho más fácil que transformar instituciones, y México lo ha hecho hasta el exceso: en cuatro décadas se han contado por decenas de miles los recambios de operadores institucionales al menos en estos aparatos.

Algún investigador llegó a documentar que cierta procuraduría acumulaba más reemplazos que plazas disponibles, aunque ya no recuerdo cuál.

Los mejores liderazgos son aquellos que, además de inspirar, logran construir instituciones capaces de trascender la lógica de la lealtad personal y consolidar equipos cuyo profesionalismo y probidad estén razonablemente asegurados por la combinación entre tal liderazgo y eficacia de los mecanismos de control interno y externo.

Porque ningún mando, por carismático o influyente que sea, puede sanear una institución únicamente con base en cadenas de lealtades incondicionales.

Por eso, desde el Programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero CDMX recordamos al funcionario federal la propuesta de crear una figura de supervisión externa que contribuiría a mejorar de forma estructural y sostenida al Secretariado Ejecutivo (ver documento).

De igual manera, buscaremos presentarle la investigación que recientemente publicamos sobre la vigencia y necesidad de la supervisión policial externa especializada (ver investigación).

Celebrar y apoyar liderazgos en materia de seguridad es importante, pero siempre será insuficiente si no se mide, al mismo tiempo, la calidad institucional que construyen y luego dejan a su paso. Vaya que México lo sabe bien.