Estamos a pocos días de que se lleven a cabo las primeras elecciones judiciales y, lejos de confirmarse las bondades que se prometían, cada día se hacen evidentes sus inconsistencias y riesgos. Por ejemplo, candidaturas cuestionables que no fueron “detectadas” en el proceso de valoración y, por lo tanto, aparecerán en las listas el próximo 1 de junio.
Al respecto, es importante rememorar que el pasado 4 de mayo, las presidencias de las Mesas Directivas de ambas Cámaras del Congreso de la Unión solicitaron al Instituto Nacional Electoral la cancelación del registro de 26 candidaturas judiciales, toda vez que 18 de ellas “no cumplen con el requisito constitucional de gozar de buena reputación por estar vinculadas a investigaciones penales federales vigentes, incluyendo delitos graves como abuso sexual, peculado, amenazas, lesiones y delincuencia organizada,” y ocho más porque no tienen el promedio general de 8 requerido.
Lo anterior no es un caso aislado ni mucho menos debería de minimizarse, es el reflejo de ejercicios de evaluación poco serios, poco rigurosos y poco exhaustivos. Desafortunadamente, era previsible. El diseño de la reforma judicial flexibiliza los requisitos para acceder a estas importantes responsabilidades judiciales y establece mecanismos de evaluación fácilmente cooptados y sin las garantías para que se realice una revisión objetiva ni mucho menos en plazos tan reducidos para tan cuantioso número de registros. Por el contrario, se confirma la colocación de perfiles apoyados por intereses de unas cuantas personas para que la justicia les sirva bajo el baluarte democratizador del voto popular.
El caso de quienes aspiran a ser ministras o ministros es ilustrativo. En días recientes, una entrevista en Aristegui Noticias refiere que una integrante del Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo renunció -en su momento- por la intención de otro de sus miembros de imponer perfiles en las listas que debía entregar este órgano. Este hecho reprobable apenas se hace público, pues los trabajos y decisiones de estos comités fueron sumamente opacas, a pesar de demandas ciudadanas por la apertura y transparencia.
El resultado es una lista de 64 aspirantes tan disímiles entre sí que confirman el desinterés y poco compromiso para asegurar perfiles incuestionables al máximo órgano de justicia. De este universo, se encuentran tres ministras en funciones (Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf) con una evidente cercanía al gobierno; sólo una candidatura fue respaldada por los tres poderes y 12 más cuentan con el visto bueno de dos poderes. Lo que llama poderosamente la atención son los otros datos, aquellos que ponen en tela de juicio la independencia de muchas de estas candidaturas por su cercanía con gobiernos, partidos políticos, iniciativa privada, el Ejército o que tienen escándalos que ponen en entredicho su integridad pública.
De acuerdo con una evaluación realizada por Viri Ríos hay una columna que sobresale, la de “afinidades políticas”. De la información ahí vertida se advierte que 40 perfiles (62.5 por ciento del total) tienen algún vínculo y/o aspecto que cuestiona su independencia o al menos debería de revisarse con más profundidad. Esto no significa que el resto sea el idóneo, más bien evidencia que en las listas no están los mejores perfiles y que quienes decidan ir a votar lo harán sobre una gama que no asegura un mejor sistema de justicia.
Justo concluyó un interesante ejercicio de diálogo con las candidaturas a ministras y ministros y distintas organizaciones de la sociedad civil (1); las perspectivas ahí vertidas complementan la valoración sobre sus conocimientos y experiencia para tan relevante encomienda. ¡El panorama no es halagüeño! La transformación de la Corte pinta a una captura sin pudor para proteger los intereses del proyecto en el poder y seguir relegando las demandas de justicia de miles de víctimas de este país.
#SinCuotasNiCuates
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La autora es Marcia Itzel Checa Gutiérrez, coordinadora general del Observatorio de Designaciones Públicas (@designaciones), un proyecto impulsado por Article 19 México y Centroamérica y Fundar, Centro de Análisis e Investigación, que tiene el objetivo de promover estándares de transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas en los procesos de designación de altas responsabilidades públicas y generar una deliberación pública sobre la idoneidad de los perfiles como una vía para contribuir al fortalecimiento de las instituciones y la garantía de los derechos humanos de todas las personas.
