La tasa de descuento social y el reclutamiento criminal en Sinaloa
La tasa de descuento es un concepto fundamental en economía que refleja cómo los individuos y las sociedades valoran el presente frente al futuro. Una tasa alta significa que se otorga un peso mayor a las recompensas inmediatas, mientras que una baja implica una valoración más fuerte de los beneficios de largo plazo. Aunque originalmente se utiliza en finanzas para calcular el valor presente de inversiones o proyectos, este principio se ha aplicado en ciencias sociales para comprender fenómenos complejos, como la vulnerabilidad de los jóvenes al reclutamiento por parte del crimen organizado.
En Sinaloa, donde los indicadores de violencia se han mantenido elevados y la presencia del crimen organizado es parte de la vida cotidiana, este enfoque resulta especialmente revelador. Los jóvenes enfrentan un entorno de oportunidades limitadas, incertidumbre laboral y bajos salarios en el sector formal, mientras que las organizaciones criminales ofrecen beneficios inmediatos: dinero rápido, estatus social e incluso un sentido de pertenencia. Desde la perspectiva de la tasa de descuento, esto se traduce en una preferencia marcada por lo inmediato frente a beneficios futuros que parecen inciertos o inalcanzables, como una carrera universitaria, un empleo formal estable o un proyecto de vida legal.
La investigación reciente del maestro Víctor Alejandro Butrón Barrera, reconocida con el Premio de Investigación Económica “Jesús Silva Herzog”, propone justamente este enfoque: analizar cómo la tasa de descuento influye en las decisiones de los jóvenes respecto al crimen organizado. Su planteamiento sugiere que el atractivo del delito no se debe únicamente a la violencia estructural o a la falta de oportunidades, sino también a un cálculo temporal en el que el futuro se percibe demasiado lejano o incierto, y por lo tanto menos valioso. En otras palabras, el crimen se convierte en una “inversión” con retorno inmediato en contextos donde el horizonte de largo plazo ha sido debilitado por la precariedad y la inseguridad.
En el caso de Sinaloa, la realidad confirma este análisis. Episodios como enfrentamientos armados, bloqueos, secuestros y la suspensión de actividades escolares en ciudades como Culiacán generan una atmósfera de vulnerabilidad que alimenta la desesperanza colectiva. Bajo estas condiciones, la tasa de descuento social se eleva: la sociedad en su conjunto valora menos los beneficios futuros porque el presente aparece marcado por la incertidumbre. El resultado es un círculo vicioso donde la violencia, la falta de oportunidades y la visión cortoplacista refuerzan la atracción del crimen como vía rápida de satisfacción.
Sin embargo, esta misma lógica puede inspirar soluciones. Reducir la tasa de descuento no depende únicamente de discursos sobre el futuro, sino de ofrecer incentivos inmediatos que compitan con los que ofrece el crimen. Becas de manutención, programas de empleo juvenil, acceso a actividades deportivas y culturales bien financiadas, espacios seguros y oportunidades tangibles de desarrollo personal pueden funcionar como retornos inmediatos de una inversión en la legalidad. A la par, es necesario fortalecer la credibilidad del futuro: vincular a estudiantes con empresas, universidades y proyectos de investigación, mostrar alternativas de vida con horizontes claros y accesibles, y generar comunidades de apoyo que fortalezcan la confianza en el mañana.
La tasa de descuento también invita a pensar en un cambio cultural. En la medida en que la sociedad sinaloense pueda reconstruir la esperanza colectiva, reducir la incertidumbre y generar un sentido de propósito compartido, los beneficios de largo plazo comenzarán a recuperar valor. Esta perspectiva, surgida de la economía y aplicada a la realidad social, permite comprender que la lucha contra el crimen organizado no puede basarse únicamente en la fuerza pública, sino también en reconfigurar la manera en que los jóvenes valoran su tiempo y sus decisiones.
La aplicación del concepto de tasa de descuento al contexto sinaloense revela que el desafío del crimen organizado no es sólo material, sino también temporal. Mientras los beneficios inmediatos del delito superen en atractivo a los beneficios lejanos de la legalidad, el reclutamiento seguirá siendo una amenaza. Pero si la política pública logra equilibrar esta ecuación, ofreciendo satisfacciones presentes y horizontes futuros creíbles, se abrirá una vía real hacia la construcción de un Sinaloa más seguro, justo y sustentable.
