Huachicol fiscal: la corruptibilidad de las Fuerzas Armadas, ante la ausencia de controles civiles
El reciente escándalo de huachicol fiscal que ha sacudido al País en las últimas semanas no es sólo un caso de corrupción de magnitud histórica, superando con creces a otros como Segalmex o la Estafa Maestra al rebasar los más de 100 mil millones de pesos anuales. Se trata de una red compleja de complicidades que, según las revelaciones, atraviesa instituciones, empresas y actores políticos, involucrando directamente a altos mandos de la Secretaría de Marina, funcionarios de aduanas y empresarios.
Este fenómeno, que implica una sofisticada ingeniería financiera para evadir impuestos en la importación de hidrocarburos, pone en evidencia, como ya se ha discutido ampliamente, los peligros latentes de la profundización del protagonismo castrense en funciones públicas ajenas a la misión de las Fuerzas Armadas, y la urgente necesidad de establecer contrapesos y controles civiles robustos.
Desde una perspectiva de derechos humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ofreció un análisis de cómo estás prácticas de corrupción, en esencia, constituyen un abuso o desviación del poder encomendado, dañando la institucionalidad democrática, el Estado de Derecho y, fundamentalmente, el goce y ejercicio de los derechos humanos en su integralidad -civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales-.
Además, como ya hemos señalado en este espacio de análisis, cuando las Fuerzas Armadas (en este caso la Secretaría de Marina), son expuestas a este tipo de tareas, sin revisión y sin exigir rendición de cuentas, se incrementa el riesgo de corrupción.
Corresponde voltear a mirar y alertar los impactos de estas prácticas en las personas más desprotegidas y en la garantía a sus derechos. Por ejemplo, la desviación de recursos públicos que deberían destinarse a programas y servicios sociales esenciales -como salud, educación, agua, transporte y saneamiento-.
La CIDH alertó sobre cómo estas prácticas no sólo afectan a individuos, sino a toda la sociedad. Las personas en situación de pobreza y los grupos históricamente discriminados son los más vulnerables, pues se exacerba la desigualdad y se debilita la confianza entre la sociedad y el Estado. Este organismo del sistema interamericano ha sido claro en que la lucha contra la corrupción y la protección de los derechos humanos debe ir de la mano, reconociendo que ambas agendas se refuerzan para construir democracias más sólidas y justas
Así como la experiencia histórica ha demostrado que el despliegue de Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública no ha sido una política efectiva para disminuir significativamente la violencia y, por el contrario, ha generado un aumento de las violaciones a los derechos humanos, erosionando los balances cívico militares, de igual forma la magnitud de las denuncias y revelaciones alrededor de las estructuras macrocriminales que incluyen a las fuerzas del orden -incluyendo las castrenses-, corroboran lo que por tantos años se ha denunciado, que las instituciones militares no son intrínsecamente incorruptibles y que, por ello, la exigencia de mayor transparencia, rendición de cuentas y controles es solo válida ante los múltiples casos de corrupción documentados en los últimos años.
Mientras que la falta de control en la gestión pública, la impunidad y la opacidad bajo figuras como la de “seguridad nacional” son factores institucionales que fomentan la discrecionalidad del uso de recursos públicos, se vuelve crucial la discusión sobre la frágil independencia del Poder Judicial y la urgente revisión de las fiscalías, pues para afrontar hechos como los denunciados se requiere de instituciones civiles robustas para investigar y sancionar estos actos, especialmente aquellos que involucran a agentes estatales y redes criminales.
Por último y no menos importante, frente a hechos de esta magnitud, existe la obligación de proteger también a quienes denuncian o investigan actos de corrupción, como periodistas, defensores de derechos humanos y testigos. El escándalo del huachicol fiscal es también una confirmación de que la confianza en las instituciones se erosiona cuando se eluden principios fundamentales en materia de protección de derechos y subraya la urgente necesidad de una verdadera transformación institucional que priorice la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas sobre cualquier interés particular o corporativo. Si no aprovechamos esta crisis para construir controles civiles efectivos sobre el poder militar, estaremos condenados a repetir situaciones similares; mientras, los costos seguirán afectando siempre a los mismos: a los que menos tienen.
