Guerra interna en Policía de Sinaloa
El oculto caos de la noche de junio 2
La noche del lunes, el Ejército, Marina y Guardia Nacional habrían obtenido mayor argumento para sustentar la desconfianza hacia las corporaciones locales de seguridad pública en cuestión de combate a la delincuencia organizada, por el enredo que involucra a elementos de las policías Municipal y Estatal en el extraño operativo con epicentro en una clínica privada cercana al puente Miguel Hidalgo, en Culiacán. La concentración de demasiada fuerza pública iracunda en el punto de Obregón y Malecón nuevo no resiste explicaciones a medias al tratarse del aparato oficial que protege a ciudadanos que se hallan en medio del fuego cruzado por la narcoguerra.
Los mandos militares siempre ven con suspicacias la participación de corporaciones locales de seguridad al considerarlas infiltradas por la delincuencia, penetración que en caso de ponerlos ante el dilema de defender a malandros o cuidar a los ciudadanos pacíficos, optarían por lo primero. No de ahora, sino desde los inicios de los años 90, el General Rodolfo Reta Trigos, que se desempeñó en Sinaloa como Comandante de la Novena Zona Militar y Tercera Región Militar, puso un muro infranqueable a la injerencia de policías estatales y municipales en asuntos de índole castrense.
Por eso de nuevo ayer la cadena de interacción en las Bases de Operaciones Interinstitucionales cuidó el eslabón más fuerte, la Policía Estatal Preventiva, y rompió el anillo débil, que es la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, a cuyo titular, el civil Sergio Antonio Leyva López, se le pidió la renuncia para que lo releve un militar que designe la Secretaría de la Defensa Nacional. La decisión, dijo el Alcalde Juan de Dios Gámez, “es para mantener la buena coordinación que existe con las fuerzas federales”.
Pero ese cambio es una medida superficial, salida rápida de la penosa circunstancia donde las corporaciones se apuntan con las armas entre sí, porque hoy el problema tiene que ver con qué tanto confía el General Óscar Rentería Schazarino, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno del Estado, en los policías y mandos sinaloenses al ser él enlace local de Omar García Harfuch, el zar nacional en materia de combate al crimen organizado. Ya es sabido que al menos cada semana el funcionario integrante del Gabinete del Gobernador Rubén Rocha le reporta directamente a la SSyPC federal.
Cualquier fracaso de Rentería Schazarino en Sinaloa será traducido en reveses para Harfuch y la Presidenta Sheinbaum. Al ser gente de todas las confianzas de ambos y como funcionario de primer nivel del gobierno rochista, es el responsable de fortalecer la colaboración entre los mandatarios del País y del estado en materia de construcción de paz, por lo tanto no basta con un escueto boletín de prensa para explicar un suceso que pone a la gente a dudar a cargo de quiénes está la expectativa de vivir tranquilos.
El comunicado emitido vía Vocería, y que poco ayuda a resolver la interrogante de quién cuida a la población pacífica, sólo da a conocer que a raíz de los hechos fueron detenidos siete agentes de la Policía Municipal de Culiacán “por mostrar una conducta agresiva hacia los elementos de la Policía Estatal Preventiva que arribaron a dicho nosocomio para corroborar un reporte sobre el ingreso de dos personas lesionadas por arma de fuego”.
Así de sencillo el informe, no obstante que el caos policial de la noche del 2 de junio se volvió una madeja de situaciones lamentables precisamente cuando la crisis de la seguridad pública en Sinaloa necesita de mayor coordinación entre lo estatal y lo nacional. En principio, qué tan cierta es la información de que fueron policías de Culiacán los que activaron el botón de pánico al decirse atacados por agentes estatales y que al resultar heridos algunos de los municipales optaron por llevar a sus compañeros al centro médico de referencia.
¿Qué cuidaban o a quién protegían los policías estatales y municipales involucrados? ¿A qué se debió que la avenida Obregón se viera invadida por patrullas que circularon en sentido contrario desde el bulevar Zapata hasta el Malecón Diego Valadés, movilización que alarmó a los culiacanenses? ¿Son policías o son civiles las dos personas que recibían atención médica en la clínica? ¿Por qué si se trata de un conflicto entre policías estatales la investigación se puso en manos de la Fiscalía General de la República y no a cargo del Ministerio Público estatal?
No contesten. La realidad ya está dando las respuestas.
Cuando la poli cruzó el río,
Quedó visible la realidad,
Que evidencia la seguridad,
Atorada en tremendo lío.
Que no pasen desapercibidas las muertes de tres mineros en la zona de Capilla del Taxte, Concordia, asesinados el domingo sin más réquiem que el de la impunidad. No hagamos como que no los vemos ni lo sentimos porque daríamos nuevas señales de sucumbir en la deshumanización que propone la delincuencia organizada, despojándonos hasta de la voluntad para llorar las víctimas. Es la sierra, territorio que el Gobierno abandona a merced de la violencia, pobreza, sequía, incendios forestales, desplazamientos y la sentencia letal para aquellos que se aferran a sus terruños.
