Fe pública sin partidos...

...[L]a defensa de la autonomía notarial. En México, el notariado cumple una función pública esencial: brindar certeza jurídica a los actos y hechos de las personas. Pero a diferencia de un servidor público, el notario no está subordinado jerárquicamente al Gobierno. Esta distinción es más que formal: es una garantía de imparcialidad, legalidad y confianza ciudadana.

La figura del notario tiene raíces milenarias. En el Derecho romano, los tabelliones y scribae ya eran considerados garantes imparciales de actos jurídicos. Más adelante, el modelo napoleónico -fuente de nuestro sistema notarial latino- consolidó la idea del notario como profesional del Derecho independiente del poder político, pero investido por el Estado para dar fe.

En nuestra legislación local, la Ley del Notariado del Estado de Sinaloa (artículo 2) establece que el notario es un profesional autónomo, con fe pública delegada por el Estado, sin subordinación administrativa. Esta visión ha sido reafirmada por criterios judiciales: el Poder Judicial de la Federación ha señalado que el notario no es servidor público, sino un actor autónomo con funciones de interés social.

La autonomía notarial no es un capricho corporativo ni un beneficio gremial. Es, sobre todo, una protección para la ciudadanía. Gracias a esa independencia, el notario puede dar fe sin presión, interpretar la ley con libertad de criterio y garantizar que las partes actúan informadas, libres y con plena legalidad.

Como dijo Montesquieu: “Para que no se pueda abusar del poder, es preciso que el poder detenga al poder.”

La imparcialidad del notariado funciona como un contrapeso natural, un punto de equilibrio frente a la inercia muchas veces discrecional del poder político.

Y sin embargo, en tiempos recientes, hemos observado con inquietud ciertas señales de alerta: intentos por involucrar al notariado en campañas o proyectos gubernamentales, presiones políticas disfrazadas de reformas administrativas, y sobre todo, el riesgo de que se confunda la labor técnica del notario con una plataforma política.

Como advertía Max Weber en La política como vocación, “el político vive para la política; el funcionario vive de ella”. El notario, en cambio, no debe vivir de la política ni para la política, sino para el Derecho y la sociedad.

Confundir esas esferas es peligroso. Un notariado que se vuelve cercano al poder, que depende de favores políticos o que actúa según instrucciones de actores externos, pierde su imparcialidad y su legitimidad social. La ciudadanía lo percibe como parcial, como subordinado, como pieza del sistema... y ya no como garante de legalidad.

Hans Kelsen lo anticipaba: el derecho debe operar con neutralidad frente a los intereses políticos. Si el notario se convierte en actor político, deja de ser garante del derecho y se transforma en operador de intereses particulares.

No se trata de que el notariado se aísle. Al contrario: debemos estar presentes en los debates jurídicos, en la defensa del Estado de Derecho, y en la promoción de una cultura de legalidad. Pero siempre desde nuestra trinchera técnica, independiente y profesional.

Nuestra tarea no es alinearnos con ningún poder, sino asegurarnos de que el poder no desborde la ley. Como diría Ulpiano, “El Derecho es el arte de lo bueno y lo equitativo”. Y esa equidad sólo puede alcanzarse si quien da fe actúa libre de presiones.

En momentos donde la legalidad parece diluirse en la narrativa, el notariado debe reafirmar su papel: una institución confiable, imparcial y autónoma, cuyo único compromiso es con la verdad jurídica y el bienestar de la sociedad.

Ante Notario

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El autor es notario público y analista en temas jurídicos y económicos.