Estrategia Nacional contra la Extorsión

El domingo 6 de julio, a través de Omar García Harfuch, los titulares de las secretarías de la Defensa Nacional, Marina, Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República, presentaron la Estrategia Nacional contra la Extorsión, por lo que el objetivo del presente artículo es analizar los elementos de dicha estrategia, destacando los aciertos, pero también haciendo algunas críticas sobre los aspectos no abordados.

El primer acierto del Gobierno federal es entender que si bien hay organizaciones criminales que participan en muchos delitos, cada una de estas conductas delictivas tiene su propia naturaleza, y, por tanto, su contención requiere de estrategias diferenciadas, por lo que al establecer una ruta de acción que sea compartida por todas las instancias de seguridad del País y las fiscalías, se puede hacer frente de mejor forma a este problema.

Un segundo acierto es apostar por la focalización, es decir, si bien la estrategia busca reducir este delito en todo el País, pondrá especial énfasis en las ocho entidades que concentran el 66 por ciento de las denuncias realizadas, que son Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, Guerrero y Michoacán. Ya que se puede atacar mejor el problema y hacer un uso más efectivo de los recursos disponibles.

Como tercer acierto encontramos que existe un diagnóstico de que gran parte de las extorsiones telefónicas sale de las cárceles, lo cual se traduce en acciones concretas, como aumentar las revisiones para decomisar teléfonos celulares al interior de las prisiones, así como el uso de antenas para neutralizar la señal de los teléfonos, de manera que se disminuya significativamente esta práctica en los centros de detención.

Un cuarto acierto es la creación de equipos especializados para la atención de estos delitos en las entidades federativas. Ya que, al concentrarse en un solo delito, con sus múltiples manifestaciones, se va generando experiencia y conocimiento de las organizaciones, de forma que se pueden ir desarticulando bandas que se dedican a este delito.

Un quinto acierto es generar inteligencia y análisis de datos para la toma de decisiones respecto a este delito, ya que -como otras manifestaciones criminales- se pueden identificar patrones comunes que derivan en predicciones que ayuden a que se incremente la cantidad de arrestos.

A pesar de los aciertos ya descritos, hay algunas áreas de oportunidad que tiene la estrategia, mismas que se describen a continuación.

Una primera crítica es que los ejes enlistados por Omar García Harfuch se enfocan mucho a la extorsión telefónica, que sin duda es una parte vital del problema, pero que no es la más grave, ya que una extorsión telefónica sin duda puede generar miedo y pérdidas económicas, pero es más grave el cobro de piso, en donde la amenaza es física y presencial. No quiere decir que no se esté contemplando, sino que dentro de la ruta de acción descrita por el Secretario hay un sesgo hacia la extorsión telefónica.

La segunda crítica es que la extorsión como otros delitos se presenta con la complicidad de las autoridades locales y en ocasiones federales. Por ejemplo, no es casual que haya municipios en donde la mayor parte de los comercios son sujetos de extorsión, o compañías que tienen que pagar impuestos a los criminales para ingresar sus productos a determinadas zonas o para sacar sus cosechas a la venta. Incluso en las cárceles, para meter los celulares se requirió de la complicidad de funcionarios o al menos de su incompetencia. Por ende, muchas autoridades son parte del problema y sobre ello no se menciona nada en la estrategia.

Como tercera crítica podemos mencionar que no es casual que la extorsión sea uno de los delitos con mayor cifra negra en el país, con más del 96% de los eventos no denunciados, y ello se debe en gran medida a la desconfianza en las autoridades, por lo que no basta realizar la campaña de promoción de la denuncia o establecer un número exclusivo para recibir denuncias anónimas, lo cierto es que se tiene que trabajar en recuperar la confianza y ello solo se logra con resultados, porque de lo contrario, los ciudadanos no se animarán a llevar sus casos a las autoridades.

Derivado de lo anterior, una cuarta crítica es que hace falta explicar que el objetivo de la estrategia es que disminuya este delito en términos reales, aun cuando aumente la cantidad de denuncias, que es lógico debido a que se promoverá la denuncia. El problema es que no contamos con una línea base, es decir un punto de partida de extorsiones reales por año, por ende, aunque la estrategia funcione, a ojos de la ciudadanía podrá percibirse un aumento del mismo, en la proporción en que las denuncias crezcan.

Una quinta crítica surge desde la ciudadanía respecto a las extorsiones telefónicas. Muchos ciudadanos que reciben estas llamadas dan aviso a las autoridades del número desde donde los contactaron, pero el mismo no es dado de baja, de forma que se sigue utilizando contra otras personas, por lo que urge un sistema para inutilizar los números que han sido usados para perpetrar este delito.

Y como sexta y última crítica, es que no se contempla nada respecto a la extorsión a las poblaciones migrantes, ya que muchas organizaciones no gubernamentales han documentado cómo los migrantes al tener un alto grado de vulnerabilidad, por su condición legal en México, sufren de extorsiones tanto de las autoridades como de los grupos criminales, por lo que una estrategia integral debería incluir acciones respecto a esta faceta de extorsiones.

Evidentemente se parte de la lógica de que la Estrategia Nacional contra la Extorsión es un plan perfectible que se puede ir ajustando sobre la marcha, para atacar las críticas aquí presentadas y otras áreas de oportunidad que se detecten, con el objetivo de que la cifra real de extorsiones baje en los siguientes años para que menos personas en el País sufran extorsiones y puedan sentirse seguros.

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El autor es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, especialista en seguridad y doctor en políticas públicas por el CIDE.