¿Está funcionando el combate al huachicol?
Andrés Manuel López Obrador afirmó en repetidas ocasiones que el huachicol se había reducido en un 95 por ciento, y por tanto, ya no era una prioridad en la agenda de seguridad pública. Sin embargo, la realidad fue otra, este delito creció en un 117 por ciento en dicho sexenio, en gran medida por la desatención provocada por no aceptar que seguía siendo un problema público de primer orden, que generaba pérdidas de más de 20 mil millones de pesos para Pemex cada año y que engrosaban los ingresos de muchas organizaciones criminales.
De manera acertada, la administración de Claudia Sheinbaum ha decidido no continuar con la actitud irresponsable de López Obrador frente al problema e implementar, bajo el mando de Omar García Harfuch, una estrategia de combate al robo de combustible en todo el País, que abarca las cuatro modalidades de este delito: 1) ordeña de ductos, 2) robo de pipas transportadoras, 3) extracción en instalaciones de Pemex e 4) introducción ilegal de combustible extranjero, sin pagar impuestos (huachicol fiscal).
Si bien la estrategia lleva activa unos pocos meses y es muy pronto para poder afirmar que la misma es un éxito, hay algunos indicadores que muestran que la ruta que se sigue está funcionando. Por ejemplo, en el primer bimestre de 2025 se registró una disminución del 28 por ciento en ordeña de ductos de Pemex, respecto al mismo intervalo de 2024, o bien, en lo que va de la actual administración que aún no cumple su primer año se han hecho decomisos por casi 69 millones de litros de combustible, cantidad que supera lo logrado los 10 años anteriores, abarcado todo el sexenio de AMLO y cuatro años de la administración de Peña Nieto.
Pero no sólo se trata de los decomisos, sino que se golpea la capacidad operativa de las organizaciones al requisar equipo de alto valor, por ejemplo, la incautación de una refinería ilegal en Coatzacoalcos hace algunas semanas, pipas transportadoras, contenedores ferroviarios, así como terrenos y grandes bodegas de almacenamiento.
Los golpes les están generando un enorme boquete financiero a las organizaciones criminales que los reciben. Por ejemplo, el decomiso de 15 millones de litros de hace unos días en Coahuila se traduce en pérdidas por 270 millones de pesos, que para cualquier organización -por más grande que sea- representa una merma sustancial, ello sin contar el costo de los vagones de ferrocarril que seguramente serán embargados, cuyo valor oscila entre los 120 y los 150 millones de pesos, por lo que el impacto económico total está alrededor de los 400 millones.
A pesar de lo anterior, existen dos grandes críticas que se puede hacer a la labor realizada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
La primera es que hay un buen número de grandes golpes que se realizan sin arrestos. Por ejemplo, cuando se aseguró un predio en Ensenada con 8 millones de litros no hubo detenidos; tampoco se arrestó a nadie en la incautación de la refinería de Coatzacoalcos, en el hallazgo de 3 millones de litros en Villahermosa o en el de 15 millones de litros en Saltillo.
Es decir, se puede entender que haya algún caso en el que las autoridades tengan la mala suerte de que al llegar al lugar los criminales hayan huido, pero se trata de un patrón preocupante que debe ser explorado, porque una hipótesis plausible es que haya autoridades que protejan a los huachicoleros y les avisen de los operativos antes de que ocurran, para que huyan.
Lo cual nos lleva a la segunda crítica: en todas estas investigaciones en contra de las redes de huachicol se han hecho arrestos de criminales, pero no se ha tocado a las redes de protección que tienen en el ámbito político y en las fuerzas de seguridad. Es decir, para armar la refinería de Coatzacoalcos es altamente probable que hayan participado empleados de Pemex, pero hasta el momento no se ha iniciado investigación contra ningún trabajador. O el ingreso de huachicol fiscal, que implica la permisibilidad de personal de las aduanas y puntos fronterizos y, por ende, mientras no se ataque también a los cómplices que tienen los criminales en el gobierno, el problema no va a disminuir sustancialmente.
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El autor es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, especialista en seguridad y doctor en políticas públicas por el CIDE.
