Erradicar el racismo judicial, uno de los principales retos del Poder Judicial
La llegada de un abogado mixteco a presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha representado una reivindicación simbólica y política para los pueblos indígenas, pero también ha expuesto las tensiones que persisten entre el discurso constitucional de pluralismo cultural y jurídico y la realidad de un sistema judicial con fuertes raíces eurocéntricas, clasistas y racistas, aun cuando México se reconoce en su Constitución como una nación pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas.
Este racismo se materializa en un racismo estructural que atraviesa las instituciones del Estado. En el sistema judicial, el racismo se sustenta en patrones de discriminación impuestos desde la Colonia cuando se identificaron prácticas normativas indígenas y se tradujeron en términos jurídicos comprensibles dentro del aparato legal español; una traducción que no fue neutral y que constituyó un proceso de subordinación epistemológica y política que continuó en la conformación del Estado Mexicano y que hasta el día de hoy seguimos padeciendo.
La marginalización de los temas indígenas en la agenda judicial es una realidad. Ejemplo de ello es que del 1 de diciembre de 2023 al 30 de noviembre de 2024, el pleno de la SCJN resolvió 479 asuntos; la Primera Sala, mil 868 asuntos; y la Segunda Sala, 2 mil 9 asuntos; estimando un total de 4 mil 356 resoluciones. De estas, según datos del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte, sólo entre cinco y siete abordaron derechos indígenas de forma explícita. Esto representa menos del 0.2 por ciento de la producción judicial, lo que evidencia que la cobertura de derechos indígenas sigue siendo marginal en la dinámica general del máximo tribunal. La ENADIS 2022 reportó que el 40 por ciento de las personas indígenas considera que sus derechos no son respetados por el sistema judicial, y se ha estimado que sólo el 4 por ciento de los casos de violaciones de derechos de comunidades indígenas llegan a juicio y terminan con sentencias favorables. (1)
Miles de personas indígenas están encarceladas en México sin haber contado con intérpretes en su lengua, sin defensa efectiva ni comprensión real de los procesos judiciales. Más del 99 por ciento se encuentra en prisión preventiva, y muchos pasan años sin sentencia firme. La CNDH afirmó que más del 80 por ciento de las personas indígenas privadas de libertad no tuvieron acceso a una persona traductora o intérprete en su lengua durante su proceso, así mismo, desde Fundar hemos denunciado la utilización del sistema penal como instrumento de criminalización política y racismo contra defensores indígenas.
Los tribunales en México no sólo son espacios legales, sino también escenarios de producción de desigualdad racial y erradicar el racismo judicial implica mirar la estructura entera que ha permitido perpetuar esta desigualdad. Para ello, sería necesario establecer mecanismos de acción afirmativa que garanticen la inclusión de personas indígenas, afrodescendientes y racializadas en el Poder Judicial; implementar programas obligatorios de formación judicial que aborden el racismo estructural, el pluralismo jurídico, la comunalidad, la interculturalidad y la historia colonial del derecho, que no se limiten a cursos breves, sino incluir enfoques críticos, testimonios y experiencias vivas de pueblos indígenas y afrodescendientes; reformar la narrativa legal que aún margina los saberes jurídicos indígenas; ofrecer garantía plena de intérpretes y peritas y peritos culturales en todos los niveles de los tribunales y crear comisiones de revisión judicial que permitan reabrir casos de personas indígenas o afrodescendientes juzgadas sin intérprete, sin una defensa adecuada o en contextos de discriminación sistemática, que puede acompañarse de procesos de justicia restaurativa o reparación simbólica; y en las universidades del país, reescribir los planes de estudio de derecho para incluir cosmovisiones indígenas, sistemas normativos no occidentales, y una crítica a la colonialidad jurídica.
El gran reto para quienes integrarán el Poder Judicial en México será construir una justicia verdaderamente igualitaria, plural y libre de racismo. Una oportunidad histórica requiere de una labor colectiva.
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La autora es Maira Olivo Paz, coordinadora en el programa de Territorio, Derechos y Desarrollo de @FundarMexico.
1. Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), Informe sobre la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas en México, 2022. Véase también: CSW, Informe sobre libertad religiosa en México, 2022, que reporta una impunidad del 94.8 por ciento en casos denunciados.
