Elección judicial: la justicia quedó sometida al cálculo político, no al mérito

Elección judicial: la justicia quedó sometida al cálculo político, no al mérito.

Ayer miércoles 6 de agosto, COPARMEX Nacional emitió una alerta que debería ser escuchada con atención por la clase política del país: la justicia no puede estar sujeta al cálculo electoral. La elección judicial celebrada el pasado 01 de junio, lejos de representar un avance democrático, puso en evidencia un modelo fallido que arriesga la autonomía de uno de los tres Poderes de la Unión.

El presidente Nacional de COPARMEX, Juan José Sierra Álvarez, junto con algunos integrantes de su Directiva, presentó ayer ante medios de comunicación, los resultados del Informe de Observación Electoral de la Elección Judicial 2025, un esfuerzo conjunto con los 71 Centros Empresariales del país y diversas organizaciones de la sociedad civil. Este informe —con cobertura en más del 60 por ciento de los distritos electorales— representa una radiografía técnica, jurídica y ciudadana de un proceso que, aunque inédito, estuvo plagado de irregularidades, vacíos legales e improvisaciones alarmantes.

¿Qué documentó COPARMEX? Que la elección fue definida más por la operación política que por la voluntad ciudadana. Que el diseño de candidaturas mediante tómbolas sin criterios técnicos ni transparencia sacrificó el mérito en favor de la improvisación. Que la ausencia de legislación secundaria, sustituida por acuerdos emitidos a destiempo, generó incertidumbre jurídica. Que más del 16% de las boletas fueron anuladas, inválidas o desaparecieron sin explicación. Y que, en al menos 21 distritos, los resultados reflejaron un patrón idéntico al de los “acordeones”, confirmando la intervención directa de intereses ajenos a la imparcialidad judicial.

Más allá de las cifras, lo que está en juego es la confianza de los ciudadanos en el Estado de Derecho. Cuando casi 2 de cada 10 votos no se contabilizan, cuando solo el 13 por ciento del padrón participa, y cuando la justicia se convierte en un botín político, se erosiona la columna vertebral de cualquier democracia funcional: la certeza jurídica.

Desde COPARMEX, el mensaje fue claro y contundente: no se trata de deslegitimar a quienes resultaron electos, sino de garantizar que el modelo se corrija para que puedan desempeñar su función con integridad. No se trata de polarizar, sino de construir. Porque si esta elección fue un experimento, el país no puede permitirse repetirlo sin aprendizaje ni corrección.

Por eso, COPARMEX propone una hoja de ruta integral para un rediseño serio del modelo judicial. Entre las medidas destacan: la creación de una evaluación nacional independiente que incluya academia, sociedad civil y organismos internacionales; el fortalecimiento de la carrera judicial para privilegiar el mérito y la formación; reglas claras para el acceso a la información de candidatos; prohibiciones expresas contra la coacción electoral; un rediseño de boletas que promueva el voto informado; y la implementación de un Código Electoral Judicial que dé orden, claridad y legitimidad a futuros procesos.

Además, se propone establecer un modelo de observación judicial permanente que permita evaluar el desempeño, la imparcialidad y la integridad de jueces y magistrados más allá de la elección. Porque como lo hemos dicho desde COPARMEX, la democracia no termina en las urnas, empieza con el ejercicio ético del poder.

En esta misma presentación, nuestro presidente Nacional, Juan José Sierra, fue enfático: los errores de esta elección judicial no deben repetirse ahora en el terreno electoral general. La propuesta de una reforma electoral en este momento no solo es innecesaria, es riesgosa. Con el T-MEC en revisión, amenazas arancelarias en el horizonte y un entorno económico global incierto, lo que menos necesita México es abrir frentes que pongan en duda la autonomía del Instituto Nacional Electoral o la pluralidad política del país.

La presidenta de COPARMEX Sinaloa, Martha Elena Reyes Zazueta, lo dijo en rueda de prensa el pasado 3 de junio, toda reforma debe construirse desde el consenso, no desde la imposición. Toda reforma debe fortalecer, no debilitar. México no puede permitirse retrocesos democráticos disfrazados de modernización. Si la reforma judicial exhibió la fragilidad institucional, una reforma electoral mal diseñada podría comprometer aún más la gobernabilidad, la inversión y el desarrollo económico del país.

Como sector empresarial organizado, queremos un México más justo, más libre, más democrático, en donde se incentive la inversión, el empleo y se garantice la certeza jurídica. Y sabemos que eso solo es posible si las reglas del juego son claras, justas y respetadas.

Ni improvisación ni simulación.