¿El encarcelamiento masivo de personas es una solución a los problemas de seguridad en México?
En los primeros seis meses de 2025, la población de personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios estatales creció en 13 mil 588, lo que representa un aumento del 6.3 por ciento. El porcentaje de crecimiento mensual ha ido disminuyendo, pasando de 1.4 a 0.8 por ciento, con un promedio de 1.03 por ciento durante el periodo. De mantenerse esta tendencia, se estima que en diciembre del 2025 la población penitenciaria aumentaría en 57 mil 848 personas respecto a diciembre de 2024, alcanzando un total aproximado de 272 mil 343 personas en los centros penitenciarios estatales.
En total, existen 275 centros penitenciarios en el País, de los cuales 14 son federales, 13 en la Ciudad de México y 248 en el resto de las entidades federativas. Hasta junio de 2025 se contabilizan 224 mil 506 espacios para personas privadas de la libertad, de los cuales 196 mil 306 corresponden a centros penitenciarios estatales. Según estos datos, la sobrepoblación en estos centros es de 31 mil 177 personas, lo que indica la cantidad de espacios necesarios para reducirla y evitar el sobrecupamiento.
Con la tasa de crecimiento registrada en los primeros meses del año, la proyección para diciembre es que la sobrepoblación alcance las 57 mil 848 personas. Actualmente, en 18 entidades federativas ya existe sobrepoblación en los centros penitenciarios, aunque en las demás aún hay capacidad. Sin embargo, si la tendencia continúa, el número de entidades con sobrepoblación podría aumentar a 25. Los únicos estados que tendrían capacidad para el ingreso de personas privadas de la libertad serían Baja California, Campeche, Colima, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas y Yucatán.
Los riesgos de saturar los centros penitenciarios son obvios: se incrementa la probabilidad de motines y fugas en los centros penitenciarios. La saturación, eleva la probabilidad de autogobierno y la comisión de delitos tanto al interior como al exterior de los penales, incluyendo la comisión de homicidios y lesiones. También, se incrementa el riesgo para la seguridad de los custodios, internos y familiares y se multiplican las violaciones a los derechos humanos, lo que impide cumplir con el objetivo de la política penitenciaria que es la reinserción social.
Entre 2015 y 2018, la población de personas privadas de la libertad disminuyó de 247 mil 488 a 197 mil 988, representando una reducción del 20 por ciento. Sin embargo, a partir de 2019 la tendencia se invierte y la población comienza a crecer, alcanzando en junio de 2025 las 248 mil 361 internas en centros penitenciarios, lo que implica un aumento del 25.45 por ciento en seis años. ¿Qué explica este cambio de tendencia entre estos dos periodos?
Es probable que este incremento esté asociado con una política criminal que utilizó la figura de la prisión preventiva oficiosa como principal herramienta de control. Recordemos que la política criminal comprende el conjunto de estrategias, acciones, leyes, programas y medidas que los gobiernos y las instituciones públicas implementan para prevenir, controlar, sancionar y rehabilitar a las personas que cometen delitos.
La prisión preventiva oficiosa es una medida cautelar que se aplica de manera obligatoria para ciertos delitos graves, independientemente de las circunstancias del caso, con el propósito de mantener a una persona privada de la libertad mientras se realiza su juicio. Esto significa que muchas personas ingresan a prisión sin haber recibido una sentencia que las declare culpables. Los datos anteriormente presentados evidencian el exceso en su aplicación.
Cabe recordar que el ex Presidente López Obrador promovió firmemente el uso de esta medida para combatir el delito, a pesar de ser violatoria del derecho a la presunción de inocencia. Esto llevó a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenara a México por infracciones a la Convención Americana de Derechos Humanos. Además, el encarcelamiento de personas sin sentencia tiene consecuencias negativas para la conformación y funcionamiento de un sistema policial eficiente, capaz de realizar labores básicas de prevención del delito y de investigación criminal, en cumplimiento del principio de legalidad y del deber de protección de los derechos humanos.
En lugar de exigir a las policías estándares probatorios más rigurosos, la prisión preventiva facilita las detenciones sin que las fuerzas policiales hayan desarrollado investigaciones ni presentado pruebas suficientes para sustentar, ante una autoridad judicial, la culpabilidad de las personas. La evidencia requerida en la prisión preventiva oficiosa para ser aplicada de manera automática es mínima.
A pesar de que la estrategia del gobierno de López Obrador fue facilitar el encarcelamiento de personas, su sexenio registró la cifra más alta de violencia en la historia del país, con un total de 202 mil 336 homicidios. Esto contrasta con el incremento del 25.5 por ciento en la población privada de la libertad en centros penitenciarios federales y estatales. Claramente, el camino fue erróneo, y la tendencia del actual gobierno parece ser apostar por aumentar las detenciones sin un control efectivo sobre ellas. No es relevante cuántas personas ingresan a prisión; lo que realmente importa es asegurarse de que sean quienes hayan cometido delitos, y ese trabajo corresponde a las policías, no a los jueces.
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El autor es Asael Nuche, investigador para Causa en Común
