El Cártel de Sinaloa y la elección judicial

Empieza a cobrar forma en Sinaloa el debate de si aquí el narcotráfico, con todo y lo escindido que está, se halla involucrado en ocupar posiciones en el Poder Judicial Federal que el próximo 1 de junio se decidirán mediante el voto popular. Así como a nivel nacional y en estados crece la conjetura de corporaciones de las drogas ilícitas actuando para copar tribunales y jueces, en lo local el tema está ausente en la agenda y conversación públicas al centrarse la atención en la guerra interna que prevalece en el cártel de casa.

A simple vista parece que en Sinaloa la delincuencia vertebrada no utiliza la enorme puerta que le significa el proceso electoral judicial, abierta de par en par a perfiles que sin dificultades aparecerían en la boleta de votación aun tratándose de testaferros e intereses del crimen organizado que mantengan sin alteraciones el viejo esquema de la Ley al servicio de quienes la violentan.

Sin embargo, es difícil conjeturar que el CDS está al margen del colosal simulacro de democratización de la integración de la Suprema Corte de la Nación, a poco más de un mes de realizarse, o que deje de visualizarlo como coyuntura ad hoc para la legitimación del control e injerencia que el narcotráfico ejercer sobre ministros, magistrados y jueces. A falta de evidencias de la intromisión o la marginalidad se vuelve necesaria la observación acuciosa del desarrollo de la fase intensiva del proceso.

Lo que sí es evidente en Sinaloa tiene que ver con el pleno desconocimiento en la población de lo trascendente que sería acudir a sufragar el primer domingo de junio porque muy pocos se interesan en descifrar el enredoso mecanismo de designación. Tal carencia de involucramiento de la ciudadanía parte y se sostiene en la idea generalizada de que la impartición de justicia, que por décadas ha proveído de impunidad a la delincuencia, para nada transmutará a la eficacia donde a cada delito le corresponda la debida sanción.

La gente cree que se trata de un juego de apariencias en el cual el partido en el Gobierno, Movimiento Regeneración Nacional, pretende lograr la sumisión del único poder, el Judicial, que no le es servil del todo. Adherir a la Corte al acatamiento que el Legislativo le rinde al Ejecutivo, tanto en lo nacional como en lo estatal, resalta como premisa muy por encima de la intención por ampliarle el marco de autonomía a la Judicatura.

Por eso en el plano local en la votación extraordinaria que organiza en Instituto Nacional Electoral apenas emerge la interrogación respecto a la probabilidad de que los mandos del Cártel de Sinaloa, dominio por el que hoy pelean los hijos de Ismael Zambada García y los de Joaquín Guzmán Loera, están o no en condiciones para colocar a sus prestadores de servicios jurídicos en las papeletas de la elección judicial.

La larga e intensa narcoguerra los mantiene ocupados de tiempo completo, lo cual convierte en todo un enigma el hecho de definir si maniobran para contar con operadores dentro de la SCJN. ¿La intensa beligerancia los distrae de la jornada que definirá a nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dos magistraturas vacantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 15 magistraturas de las salas regionales del TEPJF, cinco integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, 464 cargos para magistraturas de circuito y 386 personas juzgadoras de distrito?

En cuanto a la vigilancia de la idoneidad, que representa el cedazo que le impida al narcotráfico inmiscuirse, es tarea que deberán hacer el Senado de República y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, instancias competentes para resolver los criterios de competitividad y moralidad en cada caso. ¿Son barreras infranqueables que eviten la injerencia de grupos del crimen organizado en la elección judicial? Por supuesto que no, por la falta de atribuciones en investigar y la ausente voluntad para vetar.

De cualquier forma, los sinaloenses están llamados a interesarse e incluirse como actores esenciales de la elección judicial con tal de recuperar lo que deba rescatarse de la democratización de la Corte. Es complejo y engorroso, claro que sí, pero abstenerse y endosarles a otros la responsabilidad de decidir resulta mucho más malo que la abulia.

Pues resolvamos este brete,

En el que nos mete Morena,

Y hagamos que gente buena,

Porte la toga y birrete.

No puede considerarse casualidad el hecho de que mientras arrecia la campaña para proyectar al Alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, como candidato a Gobernador de Sinaloa en 2027, también se ha redoblado la guerra de lodo contra el Senador Enrique Inzunza Cázarez, ex Secretario de Gobierno y posible carta de Morena en la elección para suceder en el cargo a Rubén Rocha Moya. La “operación Mochis” se ha adelantado un año con la emergencia de convertir al malovista en víctima del rochismo, blandiendo los del norte un petate del muerto que ni siquiera existe. Lo malo es que el futurismo anticipado de GVL golpea también al segundo piso de la Cuarta Transformación que lidera Claudia Sheinbaum, a quien el Edil ahomense le juró fidelidad. Y la Secretaría de Gobernación federal toma nota.