Democracia en riesgo de muerte
La Presidenta Sheinbaum ha anunciado su intención de presentar una iniciativa de reforma político-electoral y ha delineado los ejes sobre los que versaría. A diferencia de cualquier otro proceso de reforma a las reglas del juego político, esta vez no se ha procurado algún acercamiento con las otras fuerzas políticas para sondear sus preocupaciones, sino que se ha anunciado un grupo de trabajo interno (no sabemos quiénes lo integran) que generará el documento.
Advierto varios problemas.
El primero es la ruta. La autoridad no parece entender que una reforma político-electoral no debe correr la misma suerte que otro tipo de reformas.
Es comprensible que, por ejemplo, en una reforma fiscal o energética existan disensos insalvables, producto de planteamientos programáticos muy diversos, pero, en el caso de la electoral, una reformulación de las reglas del juego que no cuente con el aval de todos los jugadores es una reforma que nacerá muerta.
La inclusión había sido el signo distintivo de todas nuestras reformas.
Una segunda característica de las reformas era que su objetivo era atender y solventar los agravios de las minorías, nunca la agenda de las mayorías. Finalmente, de lo que se había tratado era de ensanchar los canales de participación política, de desazolvar, en su caso, las exclusiones y de revisar que las nuevas reglas generaran mayor confianza y certeza a los participantes. Eso era ordenar la agenda en torno a los agravios de las minorías.
La agenda anunciada por la Presidenta está lejos de reflejar las incomodidades de las oposiciones con el reciente proceso electoral (pérdida de equidad en la contienda, inobservancia del principio de neutralidad de los servidores públicos, rebase de topes de gastos de campaña, compra y coacción del voto, etc.).
Por el contrario, giran en torno al costo de las elecciones (sin un diagnóstico que sustente que es posible organizar elecciones confiables, que observen los principios de integridad electoral, con menos recursos), a los mecanismos para designar a la autoridad electoral (elección popular de consejeros, sin hacerse cargo de la reciente farsa de la elección del Poder Judicial), y sobre todo, suponen un rediseño de las fórmulas de representación política que implicarían una severa regresión autoritaria y una prácticamente nula posibilidad de alternancia.
De concretarse, tendríamos una autoridad electoral empobrecida, sin capacidad para ejercer sus atribuciones, absolutamente cooptada por una fuerza política, por tanto, con bajos niveles de confianza ciudadana, pero lo más grave: tendríamos un régimen cada día más parecido a una dictadura, que, si bien cada tanto celebraría elecciones de ínfima calidad, las posibilidades de alternancia serían casi nulas. Cada vez más cerca del modelo venezolano.
Cuesta trabajo entender que, por el momento que vive el país, se insista en poner en la mesa iniciativas que ahondan las divisiones y anulan el diálogo. La democracia está en riesgo de muerte. Hay que defenderla.
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El autor es consultor internacional en materia electoral.
