Cuando el narco se postula: el dilema ciudadano en las urnas judiciales
Este 1 de junio México se embarcará en un ejercicio inédito: realizará elecciones a nivel nacional para escoger jueces, incluyendo a integrantes de la Suprema Corte por primera vez en la historia. Quienes respaldan esta iniciativa la consideran un avance hacia la democratización del sistema judicial, al permitir que la ciudadanía tenga voz directa en la selección de quienes imparten justicia. Sin embargo, hay voces que alertan sobre los riesgos que esto implica para la autonomía del Poder Judicial, señalando que podría acentuar su vulnerabilidad frente a intereses políticos. ¿Y pueden ser también estos intereses criminales?
Este modelo representa un nuevo esquema de elección directa para diversos puestos en el Poder Judicial. Si bien los jueces no pueden afiliarse formalmente a partidos políticos, en redes sociales han aparecido listas y acordeones informales de aspirantes “recomendados”, muchas veces en sintonía con la narrativa oficial. Esta situación, junto con divesas demandas de organizaciones sobre la presencia de candidatas y candidatos acusados de tener vínculos con grupos criminales, han encendido una alarma legítima: ¿qué significa votar en estas condiciones? ¿Puede hablarse de democracia cuando algunas de las opciones están marcadas por la infiltración del narco y la impunidad?
La “teoría del seguro en las elecciones judiciales” (insurance theory) plantea una relación positiva entre la competencia política y la independencia judicial en regímenes democráticos. Sin embargo, diversos investigadores, como Aylin Aydin (Erasmus University Rotterdam), cuestionan si la intensa competencia política garantiza niveles más altos de independencia judicial en todo tipo de democracias. En un estudio comparativo publicado en la revista Law & Society Review de la Universidad de Cambridge, Aydin demuestra que, conforme varía la calidad democrática entre países, también cambia el impacto de la competencia política sobre la independencia judicial. Los resultados revelan que, mientras en las democracias avanzadas la competencia política robusta fortalece la independencia judicial y aumenta la calidad en el acceso a la justicia, en las democracias en desarrollo esta misma competencia puede afectar negativamente la autonomía de los tribunales.
Esto nos invita a reflexionar si estas elecciones podrían representar un proceso de debilitamiento de la independencia judicial, que se combina con la decadencia de un poder ya infiltrado por redes criminales, corrupción e intereses políticos de quienes gobiernan al país.
las elecciones judiciales
En la investigación Justicia en la Mira, la organización Defensorxs ha documentado la presencia de aspirantes con antecedentes “riesgosos”, incluyendo vínculos con grupos criminales, acusaciones de delitos sexuales, y participación en sectas político-religiosas. La apertura del proceso electoral sin filtros rigurosos de integridad o mérito profesional ha creado un terreno fértil para que intereses ajenos a la justicia -incluyendo redes delictivas- busquen posicionar aliados en espacios clave del sistema judicial. Esta situación amenaza con debilitar aún más la autonomía de los tribunales y erosionar la confianza ciudadana en un sistema ya marcado por la impunidad.
El caso de Fernando Escamilla Villarreal, por ejemplo, ilustra lo delicado del momento: es candidato a Juez penal y ha defendido legalmente a líderes de Los Zetas, además de contar con antecedentes penales por portación de armas. Otros candidatos han sido vinculados a desapariciones forzadas o han sido detenidos con drogas y armamento. Otro caso relevante es el de Silvia Rocío Delgado, ex abogada de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, quien ahora busca un cargo en el Poder Judicial. Además, se ha señalado a Humberto Briones, candidato a Juez penal en Nuevo León, quien fue detenido en 2024 con un arma y 15 bolsas de metanfetaminas.
De acuerdo con otros medios, al menos 18 candidatos compitiendo por cargos en el Poder Judicial han sido señalados específicamente por sus conexiones con grupos delictivos. Aún más preocupante es la reciente decisión del Instituto Nacional Electoral de no revisar las impugnaciones contra una gran cantidad de candidaturas judiciales sino hasta después de las elecciones. En lugar de actuar como un filtro de integridad, el INE ha optado por la inacción, permitiendo que los comicios avancen con una lista de aspirantes llena de dudas. ¿Cómo se puede confiar en un proceso donde la legalidad parece supeditada al calendario?
La negativa del INE a actuar con anticipación profundiza la percepción de un sistema judicial frágil en donde las redes de poder y violencia, que históricamente han desdibujado la línea entre legalidad y corrupción, se agudizan. Las elecciones judiciales deben exigir más que participación: demandan transparencia, seguridad y garantías de que quienes buscan impartir justicia no actúan al servicio y en nombre de la impunidad en el País.
En algunos casos, votar no solo será un acto político, sino una decisión ética.
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La autora es Mariana Paz Alvarez, politóloga e integrante del Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México.
