¿Cuál es el costo de oportunidad de mantener una política energética centrada en empresas estatales?
En la discusión pública sobre el rumbo de la política energética en México, hay un tema que suele quedar fuera del radar: el costo de oportunidad de seguir apostando por empresas estatales como Pemex y la CFE como pilares del sector. Este costo no se mide únicamente en pesos y centavos, sino también en el crecimiento que dejamos de alcanzar como país al restringir el papel del sector privado en un área clave para el desarrollo económico.
de oportunidad?
El costo de oportunidad es un concepto económico básico, pero poderoso: cada vez que tomamos una decisión, renunciamos a otras alternativas que también son valiosas. En el caso del sector energético, optar por una estrategia centrada preponderantemente en las empresas del Estado implica dejar de lado otras posibilidades que podrían traer más inversión, más eficiencia y, sobre todo, más crecimiento a largo plazo.
Y este dilema se vuelve aún más evidente cuando se considera que México mantiene una política fiscal prudente: se cuida mucho de no gastar más de lo que recauda, de mantener el déficit bajo control y de no incrementar la deuda pública de forma desordenada. Bajo ese marco, cada peso que el gobierno destina a Pemex o CFE es un peso que deja de invertir en otras prioridades como salud, educación, infraestructura o transición energética.
muchos retos
Las dos grandes empresas del sector energético -Pemex en hidrocarburos y CFE en electricidad- enfrentan problemas estructurales que no se resuelven con más presupuesto, sino con una transformación de fondo.
Pemex cerró el primer trimestre de 2025 con una pérdida neta de 43 mil millones de pesos. Esto contrasta con la modesta utilidad registrada un año antes. A pesar de que la empresa aumentó su inversión en exploración y producción, la caída en la producción de crudo -que se redujo 11.3 por ciento en comparación con el año pasado- y la baja eficiencia de sus refinerías siguen golpeando sus resultados. Para colmo, su deuda financiera subió a más de 2 billones de pesos, una carga que limita su capacidad de maniobra y que implica riesgos fiscales para el país.
Por su parte, la CFE tampoco tuvo un buen arranque de año: reportó una pérdida de más de 16 mil millones de pesos en el primer trimestre, su peor desempeño para ese periodo en cuatro años. Aunque sus ingresos crecieron, sus costos -especialmente en combustibles y pagos fiscales- lo hicieron mucho más. Además, su deuda total también va en aumento, alcanzando el nivel más alto desde 2017.
Ambas empresas siguen operando gracias al respaldo implícito del gobierno federal. Y ese respaldo no es gratuito: requiere transferencias, subsidios, alivios fiscales y, a veces, reestructuras de deuda que impactan directamente en las finanzas públicas.
México es un país con gran potencial energético. Contamos con recursos fósiles, capacidad para generar energía limpia, una red de transmisión que podría ampliarse y condiciones geográficas ideales para proyectos solares, eólicos y geotérmicos. Pero todo ese potencial difícilmente se concretará si el modelo energético se basa únicamente en lo que Pemex y CFE pueden hacer.
El sector energético es clave para atraer inversión y detonar crecimiento económico. Empresas nacionales e internacionales buscan energía suficiente, confiable y cada vez más limpia para establecer nuevas operaciones. Pero si el Estado limita la participación privada, envía señales de incertidumbre regulatoria y concentra los recursos en empresas que tienen dificultades para operar con eficiencia, el país pierde oportunidades de desarrollo.
En otras palabras, México no sólo está destinando parte de sus finanzas públicas a cubrir déficits de empresas estatales, sino que también está renunciando al crecimiento adicional que podría lograrse si el sector energético fuera más dinámico, competitivo y abierto.
decisiones difíciles
El contexto fiscal actual es relevante. El gobierno ha mantenido una política de disciplina: quiere cumplir con metas de déficit y deuda. Pero eso también significa que los recursos son escasos y cada peso cuenta.
Si cada año Pemex y CFE requieren más apoyo para cubrir sus pérdidas, eso deja menos espacio para invertir en otras áreas. Por ejemplo, en 2024, los subsidios eléctricos crecieron de forma importante para mantener las tarifas estables. Aunque esa medida tiene un objetivo social legítimo, implica que el Estado destina cada vez más recursos a subsidiar el consumo y no tanto a ampliar la cobertura o mejorar la calidad del servicio.
Lo mismo ocurre con Pemex. A pesar de los cambios en su régimen fiscal para aliviar la carga tributaria, la empresa sigue sin estabilizar su producción ni generar utilidades consistentes. ¿Cuánto más puede el gobierno seguir absorbiendo sus pérdidas sin comprometer otras prioridades?
Sí las hay. Una política energética que combine el fortalecimiento de las empresas del Estado con una participación más activa del sector privado puede generar mejores resultados. No se trata de privatizar, sino de permitir que más actores contribuyan a los objetivos nacionales: seguridad energética, transición hacia fuentes limpias, cobertura universal y precios accesibles.
De hecho, en los últimos meses ha habido algunos avances en esta dirección. El nuevo régimen fiscal de Pemex y la publicación de un marco regulatorio secundario podrían abrir espacio a mayor colaboración público-privada, sobre todo en exploración. También se han anunciado planes de inversión conjunta en generación eléctrica, aunque aún es temprano para evaluar su impacto real.
El punto es que insistir en una visión cerrada, centrada únicamente en el papel del Estado como productor, que no planificador, limita las opciones. Y en un mundo donde la energía es un insumo clave para la competitividad y la sostenibilidad, eso representa un alto costo de oportunidad.
El debate energético en México no debe reducirse a ideologías ni nostalgias. Lo que está en juego son recursos públicos limitados, la viabilidad financiera del Estado y la capacidad del país para crecer en las próximas décadas. Mantener una política energética centrada en empresas estatales tiene un costo de oportunidad alto: restringe la inversión, limita la innovación y compromete otras áreas del gasto público.
Entender esto no requiere ser economista ni especialista en energía. Basta con hacerse una pregunta simple: ¿es justo que, en un país con tantas necesidades, buena parte del dinero público se siga destinando a empresas que pierden dinero y que no logran cumplir sus objetivos estratégicos?
México necesita una política energética moderna, plural y sustentable. Y para llegar ahí, primero necesitamos abrir los ojos al costo de seguir como estamos.
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El autor es Víctor Gómez Ayala (@Victor_Ayala), economista en Jefe de Finamex Casa de Bolsa, Fundador de Daat Analytics y experto México, ¿cómo vamos?
